Las instituciones exigen a los rumanos que dejen de mendigar con niños

Las familias rumanas expulsadas de Malmea en julio tendrán que asumir una serie de compromisos si quieren vivir en los campamentos provisionales donde están siendo realojadas estos días por las instituciones madrileñas. Uno de ellos es el de dejar de mendigar acompañadas de sus hijos, una costumbre que contraviene toda la legislación española de protección a la infancia y que algunas de estas familias siguen practicando.Por ahora hay realojados 48 inmigrantes en el campamento de la cañada de los Canteros (Vallecas Villa), un erial sin sombra alguna próximo al vertedero de Valdemingómez, y está previsto trasladar hoy a otros 37 al asentamiento de la Ciudad Escolar de San Fernando (Fuencarral). Hay otros 50 rumanos excluidos por ahora de los planes sociales, porque llegaron después de elaborarse el censo de familias a realojar.

Cada uno de los campamentos, formados por tiendas de campaña y prefabricados con cocinas, baños y espacios comunes, será regentado por una ONG. La Comisión Católica de Migraciones se encargará del de Vallecas, y la Cruz Roja, del asentamiento de Fuencarral. Sus trabajadores sociales se entrevistarán con cada una de las familias para intentar apoyarlas y para firmar con ellas un pacto de derechos y deberes.

Las organizaciones y las instituciones se comprometen, durante un plazo inicial de tres meses, a dar cobijo a estas familias en los campamentos y a prestarles apoyo social para facilitar su integración. También les permiten permanecer durante ese tiempo en España "por razones humanitarias", pese a tratarse de inmigrantes en situación irregular.

Escolarizar a los niños

A su vez, los inmigrantes deberán comprometerse a participar en las actividades de apoyo que se realicen para favorecer su integración, a mantener limpio el campamento, a escolarizar a sus hijos de 6 a 16 años, a no mendigar con ellos y a mantener una presencia estable en el asentamiento. Se incluye una excepción: si fallece un familiar pueden ausentarse por un espacio máximo de una semana. Tampoco podrán llevar visitas al campamento, construir en él chabolas, o consumir drogas o realizar cualquier tipo de compraventa en el recinto. Cualquier infracción de estas normas de funcionamiento, que persiguen garantizar un mínimo de convivencia y un trabajo social, será evaluada por el equipo técnico de la ONG. Cada asentamiento contará con tres mediadores, un trabajador social, cinco monitores de talleres, un monitor y un coordinador.Los planes institucionales comprendían la construcción de cuatro campamentos para 355 rumanos, pero dos de ellos han dejado de ser necesarios, porque 270 inmigrantes se marcharon el pasado fin de semana a la costa. El motivo fue que en Madrid, en pleno agosto, no tienen suficientes compradores de la revista La Farola, de la que viven.