La defensa española de Pinochet cree "suicida" que acepte entregarse ahora

Los abogados españoles del ex dictador Augusto Pinochet calificaron ayer de "suicida" su entrega voluntaria a la justicia española antes de que se celebre el proceso de extradición que comienza el 27 de septiembre en Londres. Los letrados creen que, en tal caso, tendría que hacer frente a todos los cargos que le imputa en España el juez Baltasar Garzón, entre ellos los de genocidio y terrorismo, en vez de responder sólo de los delitos de tortura y conspiración para la tortura cuya persecución autorizó la Cámara de los Lores.

Los abogados José María Stampa Braun y Fernando Escardó reconocieron ayer que, aunque "no se descarta" que Pinochet se entregue voluntariamente a España, sería "absurdo y suicida" que lo hiciera antes del proceso de extradición. En cambio, según Escardó, "si viene después, aunque pierda el juicio de Londres, sólo podrá ser juzgado aquí por delitos de tortura con arreglo a la definición de la convención internacional suscrita por Inglaterra y España." Atendiendo a dicha definición, según Escardó, "se puede decir que prácticamente equivale a una absolución, porque son delitos de tortura cometidos entre diciembre de 1988 y la fecha de 1990 en que él cesa como jefe del Estado, y en ese periodo de tiempo no hay ningún torturado español, como exige la Convención sobre la Tortura. Sería suicida, teniendo esa posibilidad, no esperar hasta esa fecha y ser juzgado por genocidio y terrorismo", aseguró Escardó.

Según los abogados, la misión militar chilena desplazada a España ha querido conocer "nuestra opinión sobre la estrategia de venir o no venir, de aceptar la extradición o no, pero son ellos los que decidirán lo que les parezca". En todo caso, la posibilidad de que Pinochet decidiese entregarse -que les fue planteada por los militares chilenos- será una decisión personal del ex dictador, que se tomará en Londres, "en reuniones a otros niveles, de abogados ingleses y chilenos y personajes de otras instancias no estrictamente jurídicas".

Los dos abogados respondieron a las preguntas de los informadores al término de una reunión con la misión militar chilena que se halla en España sondeando la vertiente jurídica y política del caso Pinochet.

Stampa aseguró que habían acordado personarse hoy en la causa abierta al general Pinochet en España para poder tener acceso al sumario. Afirmó que no hubiera querido pedir la personación ahora "para que no crea que se presenta en ausencia del titular del juzgado" -Garzón está de vacacio-nes-, pero tras los acontecimientos de los últimos días y las alegaciones de la Fiscalía han preferido "dejar constancia" del intento de personación "con independencia de que luego el juez la resuelva cuando crea conveniente".

Derecho a personarse

Intuyendo una posible negativa del juez Garzón a aceptar la personación de unos abogados en una causa en la que el imputado no se encuentra presente, Stampa argumentó que Pinochet tiene derecho a personarse "lo mismo que cualquier otro imputado", ya que, indicó, "habiendo acusaciones populares, sería un contrasentido que no se dejase tener una representación letrada a un imputado".El letrado mencionó el artículo 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal según el cual, "toda persona a quien se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el procedimiento, cualquiera que sea éste, desde que se le comunique su existencia, haya sido objeto de detención o de cualquiera otra media cautelar o se haya acordado su procesamiento, a cuyo efecto se le instruirá de este derecho".

Para Stampa, denegar la personación de la defensa sería "una conculcación de un derecho subjetivo público de carácter constitucional" que, llegado el caso, facultaría para interponer un recurso de amparo.

Respecto al arbitraje amistoso tan intensamente perseguido por el canciller chileno Juan Gabriel Valdés, Stampa declaró: "El arbitraje entre Estados, que contempla el artículo 30 de la ley que regula el proceso que podría incardinar su posibilidad, no es aplicable para nada en este caso". Stampa calificó la medida de "absolutamente quimérica" y, añadió: "No creo que la haya propuesto nadie seriamente, con independencia de que haya otros contactos que escapan a nuestro conocimiento". Escardó, sin embargo, matizó que "el arbitraje es una cuestión que se está debatiendo entre ambos Gobiernos y no forma parte de nuestro cometido".

Por otra parte, la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, insistió ayer en que el escrito del fiscal de la Audiencia Nacional Pedro Rubira "evidentemente no pide la libertad" del general Augusto Pinochet. Sin embargo, el escrito de este fiscal señalaba que tras haber transcurrido cinco meses sin haberse resuelto por Garzón el recurso contra la prisión de Pinochet, se había vulnerado el artículo 17 de la Constitución, "debiéndose poner en libertad al Sr. Pinochet" (sic). El fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, negó ayer en Buenos Aires haber recibido presiones "ni de dentro ni de fuera de España" en relación al caso Pinochet, y rehusó comentar los avatares político-judiciales, informa Francesc Relea.

Cardenal, que participó en Argentina en la segunda reunión extraordinaria de la Asociación Interamericana del Ministerio Público, sorprendió, en cambio, al hablar de la necesidad de avanzar hacia la globalización y la extraterritorialidad de la justicia, en contra del argumento esgrimido reiteradamente por quienes tratan de impedir el enjuiciamiento de Pinochet.