La Junta recibe cerca de 15.000 solicitudes para el salario social

La Junta de Andalucía recibió hasta el 31 de mayo de 1999 un total de 14.844 expedientes de solicitud para acogerse al nuevo decreto de salario social, que dispone de una partida presupuestaria de unos 4.000 millones de pesetas, según ha asegurado el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña. Del total de solicitudes, la comisiones provinciales constituidas al efecto han estimado 2.005 y descartado otras 520, mientras que el resto se seguirán estudiando. Por provincias, es Sevilla la que ha presentado más peticiones, con 4.382; seguida de Cádiz, con 2.560; Málaga, con 1.959; y Córdoba, Jaén, Granada y Almería. El perfil de los solicitantes, según el consejero, es el de personas de procedencia urbana, con predominio de aquellas que han perdido el derecho al desempleo. Las edades oscilan entre 35 y 45 años, con la incorporación de la mujeres y de solicitantes de entre 25 a 35 años, como consecuencia de la ampliación de la franja de edad que establece el marco del nuevo decreto. Pérez Saldaña manifestó su satisfacción por la evolución que está teniendo el decreto, aunque reconoció que las dificultades que presenta el nuevo modelo se resuelvan sin la colaboración de los ayuntamientos. Lo que sí es cierto, según el consejero, es que la propia aplicación del pago mensual de este salario, determina una actitud "diferente" por parte de los propios beneficiarios que "saben que no se trata de una cantidad que cobran mal y a destiempo". Voto jubilado Mientras, el PP en el Parlamento andaluz anunció ayer su intención de presentar una batería de iniciativas en el próximo periodo de sesiones para exigir a la Junta que se preocupe por las condiciones de vida de las personas mayores "y no sólo de su voto". La portavoz de Asuntos Sociales del Grupo Popular, Ana María Corredera, advirtió de que, a pesar de que el colectivo de personas mayores de 65 años es cada vez más numeroso en Andalucía, "para el Gobierno de Chaves sólo cuenta como objetivo electoral, sin que nunca se hayan preocupado de la situación y desprotección de muchos de ellos". En un comunicado, Corredera criticó la subida de las pensiones no contributivas y asistencia-les aprobadas por la Junta y aseguró que "el bienestar y la calidad de vida de los mayores no está tanto en cobrar 700 pesetas más, sino en disponer de los servicios sociales, sanitarios y de ocio que requieren y en contar con ellos para la solución de los problemas que se les plantean". Por este motivo, los populares ya han solicitado el incremento en un 11% de las pensiones asistenciales y han presentado una proposición no de ley en el Parlamento para que el Gobierno andaluz aumente en los presupuestos de la comunidad para el próximo año la dotación del Servicio de Ayuda a Domicilio que atiende a los ancianos andaluces y lo impulse para conseguir el objetivo del Plan Gerontológico de alcanzar el 8% de cobertura en el año 2000.