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Editorial:

Ya no tan extranjeros

La nueva Ley de Extranjería, cuyo proyecto está en el Parlamento, tiene dos características esenciales: supone, en la práctica, una amnistía para una parte de la inmigración ilegal; y sería, sin duda, un paso adelante en la democratización del tratamiento que reciban los extranjeros que decidan establecerse en España. Aunque todo proyecto de este tipo sea mejorable, y no colme las aspiraciones de todos los implicados, el texto inicial constituye un punto de lanzamiento aceptable. Parte de un planteamiento que facilita la obtención del permiso de residencia temporal de decenas de millares de inmigrantes: todos aquellos que puedan probar dos años de residencia ininterrumpida en el país, con un mero contrato de alquiler de vivienda, por ejemplo. Y equipara en el reconocimiento y ejercicio de sus derechos al trabajador residente con el nacional. Es decir, convertirse de apéndice, como mucho tolerado, de la economía española en ciudadano de pleno derecho. Todo ello está bien... si el proyecto sale adelante. Porque muchos sectores implicados, y algunos políticos de la oposición, desconfían de que este texto legal pueda ver la luz en esta legislatura. Corremos el peligro, pues, de que estemos creando falsas ilusiones a un colectivo ya castigado mucho más de lo humanamente soportable. Hay en España alrededor de medio millón de inmigrantes con los papeles en regla, mayoritariamente procedentes del África del norte y subsahariana, y se calcula que con la prometida regularización pueden aflorar entre 65.000 y 100.000 ilegales. La medida, por tanto, afecta a un número muy respetable de personas a las que nadie debería ilusionar por motivos electoralistas. Pero llegue ahora o no a buen puerto, la simple existencia del proyecto comporta también otra forma de entender el problema, que no por omitida en el texto resulta menos evidente. Si se quiere democratizar la presencia de la inmigración entre nosotros, es porque, inevitablemente, va a tener que hacerse mucho más que lo hecho para responder a la exigencia de los socios europeos de convertir a España en una frontera menos permeable. El Gobierno y una gran mayoría de la opinión están de acuerdo en que así sea. Ante el infamante tráfico de las pateras, ante el coladero de Melilla, ante la angustiosa necesidad del Tercer Mundo de darse una vía de escape para la supervivencia, huyendo al Primer Mundo, la respuesta de España y de toda la Unión Europea es la de convertir, si es que ello es posible, la zona del Estrecho en el brazo de mar más vigilado y protegido de la Tierra.Una inversión prevista de 25.000 millones, a los que hay que sumar los más de 5.000 ya gastados en la ineficaz impermeabilización de Melilla, pretende cerrar esa puerta del sur, con la excepción de aquellos que tengan la suerte de entrar en la cuota anual de homologados y admitidos. Es ésa una realidad durísima, ante la que no es viable una oposición frontal, puesto que ni Europa ni España admitirían una frontera despojada del derecho de admisión; pero sí cabe poner en guardia, de un lado, contra la eventual inutilidad del dispendio, y de otro, contra la utilización de medidas de fuerza y de controles inhumanos. La reciente carta de los niños guineanos muertos en ese viaje al nuevo Edén, en la que rogaban que se les enseñara a ser europeos, encoge el corazón. Pidamos, por ello, al menos de momento, que haya enseñanza para el mayor número posible de todos aquellos para los que el único mañana imaginable parece residir en estas viejas tierras.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 6 de agosto de 1999