El PP y CiU cierran el "caso del lino" con críticas al delegado Carlos Moro
El PP y sus aliados, CiU y Coalición Canaria, adelantaron ayer las conclusiones provisionales de la comisión que ha investigado el escándalo del lino. Como única concesión, los tres grupos, aunque con reticencias del PP, aceptan que se investigue el comportamiento del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, Carlos Moro.
Carlos Moro, ex director de la Fundación Humanismo y Democracia y amigo personal del portavoz del Partido Popular (PP) en la comisión de investigación, Jaime Ignacio del Burgo -según reconoció éste en una de sus reuniones-, compatibilizó su cargo de delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha con la condición de principal cultivador de lino en Cuenca e importante perceptor -más de 80 millones de pesetas- de ayudas de la Unión Europea desde 1994.El PP, Convergència i Unió (CiU) y Coalición Canaria (CC), que niegan la existencia de una trama organizada de cazaprimas en el Ministerio de Agricultura, hecho en el que insiste en bloque la oposición, instan en las conclusiones que deberán ser debatidas el próximo día 17 a investigar si Moro vulneró o no la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos. No obstante, el PP matizó ayer que esta conclusión, adelantada en la Cadena SER también por el representante de Coalición Canaria, Luis Mardones, aún no es definitiva.
Las críticas hacia Moro ya quedaron patentes el pasado 29 de julio, durante la larga comparecencia ante la comisión de Loyola de Palacio, la ex ministra de Agricultura.
El PP y sus aliados no han tenido más remedio que cuestionar la actuación del alto cargo, pese a la cerrada defensa que de él hizo Del Burgo. Y ello, por varias razones. Moro es el único, entre todos los altos cargos implicados, que ha admitido ser propietario y gestionar personalmente sus cultivos; además, reconoció ante la comisión ser un "empresario agrícola" y explicó que tributa por módulos, lo habitual entre empresarios.
También Moro es el único entre los altos cargos afectados por el escándalo del lino -Nicolás López de Coca, ex presidente del Fondo Español de Garantía Agraria; Quintiliano Pérez Bonilla, director general de Ganadería, y Gonzalo Ruiz Paz, ex director financiero de Mercasa- que no depende orgánicamente del Ministerio de Agricultura, sino del de Administraciones Públicas.
Con las críticas a Moro, los populares intentan, por una parte, limitar el alcance del caso, reduciéndolo a una cuestión meramente administrativa -si el alto cargo vulneró o no la Ley de Incompatibilidades- y, por otra, contentar a sus socios catalanes, un tanto incómodos por el fuerte apoyo que tuvieron que brindarle en la comisión para evitar el desgaste de De Palacio.
El hecho de que el PP y sus socios cuestionen la actuación del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha fue considerado ayer por el principal partido de la oposición, el PSOE, como una prueba de que sus acusaciones tienen fundamento. Así, su portavoz en la comisión, Amparo Rubiales, aseguró que esas críticas prueban que en el caso del lino "hay algo más que un montaje del PSOE".
En el mismo sentido, el diputado de Izquierda Unida (IU), José Luis Centella, aseguró que el PP inculpa a Moro "en un intento de poner un dique a la responsabilidad política del Gobierno, para que no llegue a De Palacio".
El PSOE, IU, Nueva Izquierda y el PNV coinciden en que la comisión de investigación estuvo plagada de irregularidades debido al intento del PP de sofocar el escándalo en torno a un cultivo, el del lino, que no tiene utilidad comercial y cuya proliferación se debe únicamente a las elevadas ayudas -120.000 pesetas por hectárea- que concede la Unión Europea.
Todos los grupos de la oposición afirman igualmente que la ex ministra de Agricultura debe asumir responsabilidades políticas por el escándalo suscitado.
A esta tesis se sumó ayer la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos, que atribuyó a De Palacio "una total falta de credibilidad".
Por su lado, el portavoz del PP en la comisión, Del Burgo, reveló a quién se debe el hecho de incluir entre sus conclusiones las críticas a Moro al explicar que, si bien su grupo considera que no tiene "ninguna responsabilidad", CiU sí ha expresado sus "dudas" respecto al comportamiento del delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.
FlechaTu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Archivado En
- Amparo Rubiales
- Jaime Ignacio del Burgo
- Carlos Moro
- Loyola de Palacio
- MAPA
- Declaraciones prensa
- Caso del Lino
- José Luis Centella
- Política nacional
- Funcionarios
- CiU
- Gobierno de España
- Congreso Diputados
- Coalición Canaria
- MAE
- VI Legislatura España
- Cargos públicos
- Precios
- Abandono familiar
- Comisiones investigación
- Delegados Gobierno
- PSOE
- Función pública
- Izquierda Unida
- Subdelegaciones del Gobierno