Agricultura denuncia ante la Fiscalía una red para el cobro ilegal de ayudas al aceite

La Agencia del Aceite de Oliva, dependiente del Ministerio de Agricultura, trasladó ayer a la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía sus investigaciones sobre una red de empresas "sin tradición en el sector" y de almazaras "necesariamente colaboradoras" que presentaban certificados falsos de producción y prensado de aceituna para obtener ayudas de la UE al aceite de oliva. La mayor parte de estas ayudas no llegaron a cobrarse y, según la Junta de Andalucía, el fraude que se ha logrado evitar asciende a unos 600 millones de pesetas. Fuentes del sector estiman en 1.500 millones las ayudas ilegales solicitadas en varias campañas. Por el momento, hay 11 personas implicadas en esta red.

El director de la Agencia del Aceite de Oliva, Alvaro González Coloma, presentó ayer en Granada al fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Luis Portero, las conclusiones de este organismo sobre varias peticiones, presuntamente fraudulentas, de ayudas de la UE al aceite de oliva. González Coloma precisó a Europa Press que la Agencia sólo informaba de actuaciones de "algunos sujetos que pueden tener incidencia penal", para que sea el ministerio público el que decida si presenta una querella.Éste no es el primer informe que recibe la Fiscalía del TSJA de la Agencia del Aceite de Oliva sobre peticiones fraudulentas de ayudas de la UE al aceite de oliva. El Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Guadix (Granada) montó hace unas semanas (veáse EL PAÍS del 9 de julio) una operación por presuntos delitos de falsedad documental en relación a varios certificados hinchados de molturación (molienda de aceituna) emitidos por la almazara Fábrica de Aceites de Nuestra Señora del Carmen, de Guádix, propiedad del ex concejal del PSOE, Luis Asenjo Hernández, a petición de media docena de supuestos productores.

El Ministerio de Agricultura no precisó si el informe presentado ayer a la Fiscalía del TSJA incluia nuevas actuaciones supuestamente fraudulentas de otras sociedades o sólo amplía las investigaciones que desencadenaron la referida operación de la Guardia Civil, como apuntaron a este periódico fuentes del sector.

En todo caso, lo que sí concluye la Agencia del Aceite de Oliva es que "la trama descubierta" está constituida por cazaprimas, personas "sin ninguna tradición en el sector" que han constituido una red "exclusivamente con el ánimo de aprovechar una estructura de subvenciones en su propio beneficio".

Expedientes congelados

El consejero andaluz de Agricultura, Paulino Plata, aclaró que las pesquisas iniciadas por la Fiscalía del TSJA tras el primer informe de la Agencia del Aceite de Oliva implican hasta ahora a 11 personas y no descartó posibles detenciones. Plata indicó que la mayor parte de las ayudas no llegaron a cobrarse, ya que la Junta de Andalucía paralizó las peticiones de subvención a Bruselas desde la campaña 1996-97 al sospechar que se cometían irregularidades.El consejero de Agricultura del Gobierno andaluz estimó que las peticiones de subvenciones congeladas eran de una 30.000 toneladas, lo que si el expediente se hubiese tramitado, hubiera significado el desembolso de unos 600 millones de pesetas de los fondos que la Unión Europea destina al pago de ayudas a la producción de aceite de oliva. Fuentes del sector estiman que el fraude total en varias campañas asciende a más de 1.500 millones.

El ministro de Agricultura, Jesús Posada, se congratuló ayer de que la "actuación conjunta del Gobierno y la Junta de Andalucía ha cortado de raiz el asunto", informa Efe. Posada recalcó que la investigación de la Agencia del Aceite de Oliva tiene "carácter administrativo", aunque indicó que "parece que ha habido conductas penales". El ministro no pudo precisar la cuantía del intento de fraude ni cuántas personas había implicadas.

Las primeras sospechas del Gobierno andaluz surgieron cuando la Consejería de Agricultura detectó certificados de molturación duplicados y volúmenes muy elevados en las producciones declaradas por pequeños agricultores en la campaña 1996-97. Los certificados de molturación, expendidos por las almazaras son imprescindibles para que los productores puedan recibir las ayudas europeas y en ellos se hace constar la cantidad de aceituna que se ha entregado para prensar y el monto de aceite resultante.

La presentación de certificados hinchados por varios productores para optar a más ayudas comunitarias al aceite de oliva hizo saltar las alarmas del Gobierno andaluz quien traslado su información a la Agencia del Aceite de Oliva, que inició su investigación en febrero del año pasado.

Certificados sospechosos

Los certificados sospechosos habían sido presentados por Francisco Gallego Ruiz, Antonio Fuentes Sierra, Juan Peña Escudero, Francisco Ruiz Conchillo y Luis Conchillo López y en su mayor parte habían sido validados por la almazara Fábrica de Aceites de Nuestra Señora del Carmen de Guadix.Las investigaciones de la Agencia del Aceite de Oliva se ampliaron entonces a diez empresas de Sevilla, Córdoba y Jaén que compraban y vendía aceite y orujo a la citada almazara. La Agencia amplió sus controles a las almazaras José Sicilia Écija (de Lucena, Córdoba), Aceites Las Tres Villas SL (en Las Tres Villas, Alemería) y Aceites Muñoz SL (en La Mata, Toledo). El primer informe trasladado a la Fiscalía indicaba que entre estas tres almazaras se habían certificado más de 400.000 kilos de aceituna a "uno de los oleicultores inspeccionados, que no explota olivar".