Hacienda abre expediente a tres subordinados de Huguet en la Inspección de Cataluña

La investigación de la Agencia Tributaria sobre lo ocurrido en la Inspección de Cataluña en la época en la que José María Huguet fue su máximo responsable ha concluido con la propuesta de expediente contra tres inspectores: el adjunto de Huguet, Roger Bergua, y los inspectores Manuel Abella y Álvaro Pernas. A Huguet, que es inspector en excedencia, se le está abriendo también un expediente. La investigación recoge que algunas personas y empresas -especialmente Javier de la Rosa y constructoras como Núñez y Navarro e Ibusa- recibieron un trato singular de la Inspección.

El informe de la auditoría de la Agencia Tributaria concluye que esos inspectores, junto con algunos asesores fiscales, desarrollaron sus "actuaciones con un propósito deliberado y común"; es decir, que trabajaban de forma conjunta y coordinada. Las conclusiones de la investigación desarrollada por el Servicio de Auditoría Interna (SAI) de Hacienda desde el pasado mes de abril, cuando se conoció que los ex altos cargos de Hacienda José María Huguet y Ernesto de Aguiar poseían cuentas en Suiza con cientos de millones, se entregaron ayer a la Fiscalía Anticorrupción. La documentación consta de un informe, que contiene las conclusiones, y los anexos documentales, en los que se detallan todas las actuaciones inspectoras consideradas irregulares. El informe propone abrir expediente sancionador contra el que fue hombre de confianza y adjunto de Huguet en la Inspección Regional de Cataluña, Roger Bergua, y contra uno de los miembros de su equipo, Manuel Abella. De hecho, Hacienda ya está tramitando también un expediente contra Huguet, que es inspector en excedencia y aparece nombrado en todas las inspecciones sospechosas, pero al no estar actualmente en activo la propuesta contra él no está entre las competencias del equipo auditor de Hacienda. Huguet, Bergua y Abella ya están imputados, a su vez, por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios por supuestos delitos de cohecho y falsedad documental. El otro inspector afectado por la incoación de expediente es Álvaro Pernas, contra quien la propia Agencia Tributaria presentó una denuncia a la Fiscalía de Barcelona por tres presuntos delitos de extorsión, petición de dinero a cambio de favores en la inspección, contra otras tantas empresas de Barcelona. En el caso de Abella y Pernas, el delegado de la Agencia Tributaria en Cataluña deberá nombrar un instructor para la confección del expediente contra ellos dos. En el caso de Bergua, que actualmente se encuentra destinado en la Oficina Nacional de Inspección, que tiene competencia sobre las grandes empresas, y depende directamente de Madrid, el instructor de su expediente deberá ser nombrado por la Dirección General de Inspección. En todos los casos, la conclusión final deberá esperar a la terminación de los casos penales que tramita la justicia. Éstos son tres: el del caso Torras, que instruye la juez Palacios; una investigación que hasta ahora está en manos exclusivas de la Fiscalía Anticorrupción, y la querella por extorsión contra Pernas. El informe de conclusiones relaciona asimismo varios de los asesores fiscales de las empresas que, en diferente grado, pudieron haber recibido trato de favor de la inspección. Uno de ellos es Antoni Anton, asesor fiscal del ex juez Pascual Estevill, imputado por extorsión en los tribunales de Barcelona. Otros incluidos en el informe son el abogado del Estado en excedencia Xavier Arraut y Ricardo Valera Escolano, uno de los asesores del grupo Ibusa, propiedad del empresario constructor Eduardo Bueno y de quien se investigan sus relaciones con Hacienda. Entre los asesores mencionados por su relación con empresas se encuentra Joan Anton Sánchez Carreté, asesor de Inverama, empresa propietaria de Casinos de Cataluña e implicada en un caso de supuesta financiación irregular de Convergència Democràtica de Cataluña que acabó siendo archivado en los juzgados. Según el informe, la empresa presentó declaraciones complementarias, es decir, reconoció la existencia de ingresos no declarados, pero no los cuantificó. Aunque el SAI no lo considera propiamente una irregularidad, lo ha incluido, no obstante, en su informe. También figura la empresa Figest que no fue inspeccionada a pesar de haber recibido órdenes en ese sentido.