INMIGRANTES Injusticia gratuita

El personaje principal de la melancólica obra La hoja roja, del insigne Miguel Delibes, acostumbraba a revisar legajos viejos pues, según decía, eran de gran ayuda para estimular su tránsito intestinal. Yo no he adoptado esa costumbre pero debido al ejercicio de mi profesión consulto a diario las novedades del Boletín Oficial del Estado y hay días en los que esta publicación haría las delicias del personaje del señor Delibes. El BOE del 31 de marzo publica un convenio entre el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Junta de Andalucía sobre la atención a inmigrantes, refugiados y desplazados. En el mismo número aparece un convenio similar firmado por el ministerio con la Generalitat de Cataluña. Lo primero que llama la atención es que el presupuesto del Gobierno catalán es cuatro veces el del andaluz (800 millones frente a 250). Claro, podemos pensar, esto se debe al escalón económico que separa las dos autonomías. Sin embargo, en el convenio también aparece que los fondos que el Estado transfiere a nuestra comunidad son la mitad de los que transfiere a Cataluña (47 millones frente a 76). Por lo que se ve, el escalón nos lo ganamos a pulso en cada negociación. Sin duda en dicha negociación juegan un papel importante los servicios a cubrir, es decir, lo que se va a hacer con el dinero: "Dígame qué piensa hacer usted y ya le mandaré yo el dinero", dice don Javier Arenas, aquejado del mal del político que olvida la situación de los ciudadanos en su tierra natal. La actual Ley de Justicia Gratuita, aprobada con el anterior gobierno, elimina el acceso a un abogado de oficio a los extranjeros indocumentados. En la práctica, esta ley no afecta en nada al extranjero rico que puede pagar al mejor letrado, pero deja claramente indefenso al extranjero sin recursos. Esta circunstancia vulnera el derecho constitucional a la tutela judicial y discrimina por razón de los medios económicos (y todo en una sola ley, ¿hay quién dé más?). La Ley está recurrida por el Defensor del Pueblo, pero las cosas de palacio van despacio; y las del Palacio de Justicia aún más. El decreto de la Generalitat que desarrolla la citada ley sí reconoce ese derecho a todas las personas, sin distinción por los documentos que llevan en el bolsillo (existen situaciones similares en País Vasco y Aragón). La Junta de Andalucía, amparándose en razones legales y económicas, decide quedarse atrás. Uno de los resultados: el Estado transfiere siete millones más a Cataluña para atención jurídica. Otro: que miles de ciudadanos quedarán indefensos y, como ya ha sucedido, serán expulsados irregularmente de nuestro país cuando tenían todo el derecho a permanecer en él. Durante los últimos años, los colegios de abogados de nuestra comunidad han hecho un esfuerzo para dotar de asistencia legal a estos ciudadanos. Ahora, estas instituciones aseguran que dicha asistencia desaparecerá con los nuevos parámetros. Desde Andalucía Acoge nos sentimos preocupados por esta situación que lleva al extranjero al margen de la ley e impide su integración en nuestra sociedad. ¿Es esto lo que se pretende? ¿Sabe el negociador las injusticias que provoca? ¿La política requiere abandonar el ingenio y el valor? Parece que el BOE me ha jugado una mala pasada, quizá vuelva a los viejos legajos, como hace el personaje de don Miguel. Al menos allí no aparecen preguntas sin respuesta.

José Luis Rodríguez Candela es presidente de Andalucía Acoge.