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El Ayuntamiento de Málaga aplaza el realojo de 200 vecinos hasta final de año

Los 200 vecinos desalojados en Málaga por un deslizamiento de tierra, provocado por una obra contigua, llevan seis meses fuera de sus casas y aún no saben cuándo podrán volver a sus hogares. El Ayuntamiento, que cuando se produjo la amenaza de derrumbe calculó que regresarían antes del otoño, dice ahora que el realojo será a finales de año. Los vecinos desconfían de este nuevo plazo, aunque se confiesan "resignados". Nueve técnicos de la constructora y las subcontratistas de la obra declararán en septiembre como imputados.

Los trabajos para reforzar la estructura del edificio están casi acabados y avanza la investigación judicial para depurar responsabilidades. A mediados de septiembre está prevista la declaración como imputados de nueve técnicos de la contratista y las subcontratistas de la obra colindante que causó la desestabilización de sus viviendas. El abogado de los afectados reconoce que la complejidad de los trabajos de reforzamiento de 15 pilares del edificio y el interdicto interpuesto por una subcontratista, que paralizó la obra durante un mes, están retrasando la vuelta al hogar de los desalojados. "Ahora tiene que acometerse el proyecto presentado por los vecinos para la recuperación de cada casa, algo que tardará de cuatro a seis meses. No creo que las obras estén acabadas antes de Navidad", apuntó Antonio Checa. Ya en mayo, cuando mantuvieron una reunión con la alcaldesa, Celia Villalobos, los vecinos expresaron su temor a que los trabajos tardarían bastante tiempo. "Este año, difícilmente, nos podremos comer las uvas en nuestras casas", dijeron. El deslizamiento de tierras se produjo el 2 de febrero y obligó a desalojar a casi 300 personas. Una parte pudo volver a sus viviendas, pero más de la mitad se quedó en la calle. La promotora, Indes, y la contratista, Vías y Construcciones, se han hecho cargo desde entonces de los alquileres y, según Checa, "las rentas se están cumpliendo". Ambas empresas han retomado ya la extracción de tierras del socavón donde Indes prevé la construcción de tres plantas subterráneas de garaje y cuyo apuntalamiento fue el que cedió en febrero. Entonces, fue necesario rellenar el hueco con unos 800 camiones de tierra para evitar que el edificio se viniera abajo. Ahora, una vez que se han reforzado los pilares, la constructora ha reiniciado la excavación. Mientras continúan estas labores, el frente judicial para deslindar responsabilidades sigue abierto. El juzgado que investiga el accidente -que según los técnicos se produjo debido a un error de cálculo- ha citado a declarar como imputados a nueve técnicos de la contratista y las subcontratistas. El auto no precisa bajo qué delito, aunque la acusación solicitó su comparencia por imprudencia con resultado de daños graves. El abogado pretendía que se citaran como imputados a 21 personas, entre técnicos, directivos de las empresas, dos funcionarios de la Gerencia de Urbanismo y otro de la Concejalía de Medio Ambiente. Estos tres últimos porque, según Checa, conocían del peligro que suponía la obra contigua para el edificio y no advirtieron a los habitantes del inmueble de los riesgos que corrían.

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