Suspensión a medida

LA DECANA de los juzgados de Marbella, Pilar Ramírez, ha sido apartada cautelarmente de la actividad jurisdiccional por seis meses. La medida, adoptada ayer por la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, está directamente relacionada con la apertura de dos expedientes informativos por otras tantas faltas muy graves: ejercer en una ciudad de menos de 100.000 habitantes en la que familiares directos tienen negocios y/o actúan ante los tribunales, lo que la Ley Orgánica del Poder Judicial considera un supuesto de incompatibilidad legal, y actuar en casos relacionados con sus familiares, lo que contraviene una de las causas claras de abstención que obligan a jueces y magistrados.Mientras dure la tramitación de los expedientes, si es que no concluyen con su separación definitiva de la carrera judicial, la juez Ramírez no podrá ejercer ni como titular del Juzgado número 3 ni como decana de los juzgados de Marbella. La medida es congruente con la gravedad de los hechos que se le imputan y que afectan al núcleo mismo de la función jurisdiccional. Habría sido un contrasentido que pudiera seguir dictando sentencias mientras se resuelven sus expedientes. La suspensión cautelar no prejuzga, desde luego, su culpabilidad, pero es coherente con las sospechas de infracción de obligaciones legales que pesan sobre la juez.

Cabe extrañarse de que se haya tardado tanto tiempo en acabar con una situación que se remonta a sus inicios como juez de Marbella, hace más de una década, sin que los órganos de inspección de los tribunales- los del Poder Judicial y los de la Audiencia de Málaga- se hayan dado por enterados. Es cierto que la situación de la juez Ramírez se ha agravado con los años conforme los negocios y las actividades forenses de sus familiares crecían y se confundían. No era tanto la actuación de una juez concreta la que estaba bajo sospecha, sino la justicia misma como poder independiente del Estado de derecho.