La Audiencia Nacional admite a trámite la querella por supuesta estafa presentada contra Jesús Gil
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón admitió ayer a trámite la querella por un presunto delito de estafa presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil, presidente del Atlético de Madrid y alcalde de Marbella, y otras seis personas. El juez ha encargado varias pruebas antes de tomar declaración, probablemente en septiembre, a los querellados. La fiscalía sostiene que se ha producido una defraudación de más de 4.000 millones de pesetas. El delito se habría iniciado al transformarse el Atlético en sociedad anónima deportiva en 1992. Gil ha respondido con un comunicado en el que dice que, "al margen de que se trata de un delito inexistente, los hechos estarían prescritos".
La Fiscalía Anticorrupción afirma en su querella contra Jesús Gil que se ha cometido "un posible delito de estafa", con una defraudación "estimada en más de 4.000 millones de pesetas". Y añade que estos hechos han perjudicado a "un número muy importante de personas físicas y jurídicas". El presunto fraude se habría iniciado con la transformación del Atlético de Madrid en sociedad anónima deportiva, en junio de 1992. Entre los perjudicados estarían los 3.174 accionistas del club, de los que únicamente 120 son de provincias distintas a Madrid.En la instrucción del llamado caso Atlético, iniciado el 13 de octubre pasado por otra querella de la fiscalía, se puso de manifiesto que Gil compró el 63% de las acciones del Atlético de Madrid con un préstamo por un día de la empresa Dorna, del grupo Banesto, por valor de 1.300 millones de pesetas. Este dinero se habría entregado el 30 de junio de 1992 y devuelto al Banco de Vitoria, también del grupo Banesto, un día después. En ese caso el fiscal acusa a Gil de haber inventado en 1993 unos contratos de patrocinio de Marbella en las camisetas del Atlético para las temporadas 1991-1992 y 1992-1993, por valor de 450 millones de pesetas, cuando la publicidad, ya realizada, había sido gratuita.
Fuentes jurídicas consultadas por este periódico explicaron que con esta nueva querella ante la Audiencia Nacional se persiguen también presuntos delitos que estarían relacionados con la creación de soportes documentales para recibir y justificar subvenciones del Consejo Superior de Deportes y del dinero de las quinielas.
El juez instructor, Manuel García Castellón, ha encargado dos pruebas antes de llamar a declarar a los querellados, lo que probablemente no hará hasta septiembre. La fiscalía solicita como prueba pericial un informe de la Intervención General del Estado sobre las cuentas y la gestión económica del Atlético de Madrid.
Gil respondió ayer, en un comunicado público, que "se formula esta denuncia con el único objetivo de retirar el caso a la Audiencia Provincial de Málaga" para dárselo a la Nacional, lo que calificó como un "fraude procesal".
La Fiscalía Anticorrupción acusa del supuesto delito de estafa a Jesús Gil, alcalde de Marbella y presidente del Atlético; Enrique Cerezo, vicepresidente del club; Miguel Ángel Gil Marín, director general; Pablo de Castro, auditor; Pedro Román, ex teniente de alcalde de la ciudad malagueña; José Luis Sierra, antiguo asesor jurídico de Gil, y Luis Gonzalo Pérez.
Por otro lado, el presidente de la Audiencia de Almería, Juan Ruiz Rico ha propuesto a la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial, la suspensión inmediata en sus funciones de la juez decana de Marbella, Pilar Ramírez. La decisión será adoptada en la reunión de la comisión, prevista para el jueves. Ramírez, en su condición de juez decana, había declarado que el instructor del caso Atlético, Santiago Torres, había soslayado su reparto para quedarse con él, lo que no fue apreciado así por la Inspección del Consejo.
