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La Audiencia propone a Garzón suavizar las medidas contra 'Egin'

La Audiencia Nacional confirmó ayer la legalidad del cierre del diario Egin y la emisora Egin Irratia en julio de 1998, así como la suspensión de actividades de las empresas vinculadas al rotativo, como Orain, Ardatza, Hernani Imprimategia e Irigane. Sin embargo, en su resolución propone al juez Baltasar Garzón que suavice las medidas cautelares que adoptó y las sustituya por otras menos lesivas, ya que "existen motivos serios para poner en duda la actualidad de la situación de riesgo que se trataba de prevenir".

El juez Baltasar Garzón clausuró el diario Egin, hace ahora un año, por considerar que era un instrumento para coadyuvar a los fines de la organización terrorista ETA-KAS. Basándose en documentación incautada a la banda, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional procesó al director del periódico y a otras personas vinculadas al entramado empresarial, al tiempo que les imputaba los delitos de alzamiento de bienes -por la descapitalización de la empresa para eludir una deuda de unos 500 millones de pesetas con la Seguridad Social- y pertenencia a banda armada.Garzón justificó su decisión por la "necesidad de evitar que una organización delictiva disponga de una plataforma informativa al servicio de los objetivos del grupo terrorista. Se trataría, fundamentalmente, de evitar la continuidad de la acción delictiva y sólo secundariamente asegurar el resultado de la investigación".

La Sección Cuarta de la Audiencia Nacional confirmó ayer la legalidad de las medidas cautelares adoptadas por Garzón y rechazó los recursos presentados por las empresas cuya actividad está suspendida.

Disminución del peligro

El tribunal puntualiza que ha transcurrido un año desde que se adoptaron las medidas cautelares: cierre de los medios informativos, intervención judicial de la administración de las empresas, suspensión de poderes de sus órganos de representación, bloqueo de cuentas y embargo de bienes y por ello plantea al juez instructor, a partir de septiembre, cuando debe renovarse la procedencia del cierre, la posible sustitución de algunas de esas medidas por otras menos lesivas para los derechos afectados.La Audiencia indica que la existencia misma del proceso que instruye Garzón ha debido de tener importancia para neutralizar el riesgo de continuidad de la acción delictiva.

"Resulta claro", dice el tribunal, "que en las presentes circunstancias la disminución de la situación de peligro ha de conllevar la reducción de la intensidad de la injerencia, seleccionando a tal efecto las medidas menos lesivas, como lo son, por ejemplo, las que exclusivamente afectan a los intereses individuales de los particulares afectados, frente a las que, además, comprometen los intereses generales de la colectividad".

A pesar de ello, no parece probable que Garzón autorice la reapertura de Egin, toda vez que su editora, Orain, SA, según los últimos informes periciales incorporados al sumario, se encuentra en situación de quiebra técnica.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 28 de julio de 1999

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