Núñez y Navarro vendió dos pisos a mitad de precio al inspector que investigaba a su firma

El inspector de Hacienda de Barcelona Manuel Abella, que ya se encuentra imputado por la Audiencia Nacional por un posible delito de cohecho, compró en diciembre de 1994 dos pisos en esta ciudad a una filial de la constructora Núñez y Navarro por debajo de su valor, según las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción. La sociedad vendedora, Naynu, estaba siendo inspeccionada en aquellas fechas por el propio Abella. El precio de la operación fue de 78 millones de pesetas, mientras que el valor hipotecario era de casi el doble, 150 millones.

Manuel Abella declaró ya en una ocasión por el caso Torras ante la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, por ser el autor de varias actas de inspección consideradas extrañas de empresas como Aciesa, Lodeve y Beaming, todas ellas del entorno de Javier de la Rosa y el abogado Juan José Folchi. Abella era el encargado del sector inmobiliario en la inspección provincial de Hacienda de Barcelona, y entre las empresas bajo su órbita se encontraban las de la constructora barcelonesa Núñez y Navarro, propiedad de Josep Lluís Núñez, presidente, asimismo, del Fútbol Club Barcelona.Abella realizó la compra de dos pisos en la calle de Balmes de Barcelona en la confluencia con las avenidas de Kennedy Tibidabo, el 5 de diciembre de 1994, justo cuando estaba inspeccionando empresas del grupo constructor. Una de las empresas inspeccionadas en esas mismas fechas por Abella, Naynu, fue precisamente la vendedora.

La operación, en la que se procedió a la compra de dos pisos nuevos de 127 metros cuadrados de superficie cada uno de ellos, con más 9 de terraza, se valoró en 78,4 millones de pesetas.

Abella financió la compra con un préstamo hipotecario de una entidad financiera catalana en el que se hizo constar que el valor de tasación de cada uno de los dos pisos era de 75 millones de pesetas, es decir, 150 millones en total, casi el doble del precio fijado en la compraventa. Después de la compra, Abella invirtió otros 10 millones de pesetas en obras de reforma, entre ellas las destinadas a comunicar los dos pisos entre sí.

La Fiscalía Anticorrupción, que está haciendo su propia investigación sobre lo ocurrido en la Inspección de Cataluña entre los años 1986 y 1994, considera que podría haberse producido un presunto delito de cohecho (soborno) de un funcionario público al aceptar, sin justificación aparente, un trato de favor, el precio reducido del inmueble, incompatible con su cargo.

El organismo público decidió investigar la operación tras la declaración del propio Manuel Abella ante la juez Palacios. En ella, el inspector de Hacienda reconoció que, a pesar de tener un sueldo de 500.000 pesetas al mes, las cuotas iniciales de la hipoteca eran de unas 600.000 (618.000, según la inscripción del Registro de la Propiedad de Barcelona). Asimismo, el inspector reconoció que su esposa no trabajaba. Abella atribuyó a una herencia de sus padres el hecho de que pudiera hacer frente a una hipoteca que le generaba pagos superiores a sus ingresos en Hacienda. Gracias a esa herencia, afirmó, obtenía otros ingresos que le permitían pagar parte de los intereses del crédito hipotecario.

Las sospechas de la Fiscalía coinciden con las de la propia Agencia Tributaria, que durante los dos últimos meses ha estado revisando las inspecciones realizadas por el equipo que dirigió el ex inspector jefe de Cataluña, José María Huguet, imputado, junto con el ex director general de Hacienda, Ernesto de Aguiar, tras reconocer que poseían dos cuentas en Suiza con centenares de millones ingresados desde cuentas de los anteriores gestores del Grupo Torras en España.

En esa misma línea, las sospechas acerca del carácter de las relaciones entre la empresa constructora Núñez y Navarro y Manuel Abella no incluyen sólo la sociedad Naynu, propietaria de los dos pisos adquiridos por el inspector de finanzas del Estado, sino que se refieren también a un importante número de actas de inspección realizadas por él mismo y cerradas con reclamaciones que los servicios de auditoría consideran simbólicas.