El déficit de la justicia

QUE SE suspenda un juicio por inasistencia de uno de los magistrados del tribunal y a continuación se sancione a un testigo que no acudió al juicio suspendido puede pasar por una de esas anécdotas raras, verdaderamente extraordinarias, que suelen ocurrir en el mundo de la justicia. Pero que se cierre la ventanilla de todo un orden jurisdiccional, como el social, con el pretexto de que las demandas atestan los juzgados, como ha sucedido en Barcelona, es sencillamente un abuso.Las circunstancias y motivaciones de ambos hechos son distintas. Pero los dos son signos alarmantes de un "anormal funcionamiento" de la Administración de justicia que desafía al tiempo y a los Gobiernos. El primero apunta a un peculiar régimen de permisos de los jueces que parece amparar el derecho a ausentarse de juicios previamente señalados. El segundo constituye una llamada de atención al Gobierno por parte de los jueces de lo social de Barcelona sobre la saturación en sus juzgados. Hay que darles la razón sobre el fondo del asunto, pero no en la forma. Poner plazos de meses a la tramitación de las demandas -es decir, establecer listas de espera en la oficina de reparto- puede vulnerar el derecho de los ciudadanos a la tutela judicial efectiva. En ningún servicio público, y menos en el de la justicia, están justificadas medidas de protesta que pongan en riesgo los derechos de sus usuarios.

Pero el Gobierno, y en concreto la ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, no puede dejar de tomar nota del aviso que le llega desde Barcelona. Si la demanda de justicia aumenta, si no hay otro modo de dar curso a la natural litigiosidad que genera la sociedad que acudir a los tribunales, habrá que disponer de una infraestructura judicial en medios y en personal que dé respuesta a esa demanda. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tiene la responsabilidad de velar por la calidad de la justicia, por su modernización y la mejora de sus métodos de trabajo. Pero al Gobierno le compete enteramente la de construir juzgados y crear plazas judiciales. El CGPJ le ha dicho al Gobierno que se necesitan 10 juzgados de lo social más en Barcelona no sólo para acabar con la saturación existente, sino para poder dictar sentencias suficientemente razonadas que no vulneren el principio de seguridad jurídica.

El Gobierno ha hecho oídos sordos a esta demanda, como ha sucedido con la mayoría de las iniciativas de reforma que el CGPJ le propuso hace dos años a través del Libro Blanco sobre la situación de la justicia. Salvo la creación de los juzgados de lo contencioso-administrativo -una medida que se venía posponiendo desde hace al menos una década-, poco es lo que este Gobierno puede contabilizar en su haber en el ámbito de la política judicial. Los asuntos atrasados se siguen acumulando en los juzgados, al tiempo que la imagen de la justicia se degrada aún más a los ojos de los ciudadanos, como atestiguan las encuestas. La escasez de ideas de este Gobierno sobre la materia, de la que es prueba documental su progama electoral, ha tenido su plasmación en el nombramiento de una ministra de Justicia que parece estar desaparecida. Si quien tiene la responsabilidad de impulsar la política judicial del Gobierno carece de iniciativas, no es de extrañar que los objetivos de reducción del déficit se impongan sobre los de inversión en un servicio público tan esencial como la Administración de justicia. En un Estado de derecho, el más pernicioso de los déficit es que la justicia no funcione.