Una comunidad poco comunitaria

Mi madre, anciana de 87 años que sufre una severa demencia senil, tiene una pensión mensual de 135.000 pesetas, cifra que al estar por encima de la media le incapacita para ocupar una plaza en las residencias geriátricas de la Comunidad, y parece ser que también para las fantasmagóricas residencias cofinanciadas. Pero, bueno, una vez más, las redes de solidaridad familiar han suplido las carencias del Estado del bienestar y he de complementar la diferencia hasta las 189.000 pesetas de una residencia privada. Lo que clama al cielo es que, a pesar de ese desfase, se ve obligada a pagar IRPF por valor de 250.000 pesetas (obviamente, se ve cómo compensa el Gobierno actual las rebajas fiscales a las rentas más altas). Para tratar de remediar esta injusticia presenté, el 11 de marzo de este año, en la sección de minusvalías de la CAM, una petición para obtener beneficios fiscales; bien, me respondieron con una cita para el ¡19 de julio! Acudo y héteme aquí que en la instancia que presenté en marzo faltaba una firma de mi madre; hecho que, junto a que los certificados médicos que he presentado (neurológicos, generalistas) no incluyen, según la psicóloga, unos inconcretos parámetros cognitivos (el médico no llegó a recibirme), hace inevitable que todo quede en suspenso hasta una nueva cita ¡en septiembre! En suma, la actuación de esa Administración me ha parecido fría, burocratizada, imprecisa y errática y, sobre todo, desconsiderada; digo esto último porque parece desconocer que las tasas de esperanza de vida muestran que a esa edad cuatro meses de espera equivalen a un lapso de más de treinta años para un joven de veinte.Mi reflexión final es que, ante el importante cambio social que sufrimos, somos muchos los ciudadanos (votantes) que consideramos más importantes las obras sociales que las obras públicas vistosas, es decir, que preferimos que nuestros ancianos y enfermos estén cerca de casa a que nos pongan un metro que nos lleve a visitarlos a las Chimbambas.-