Veinte meses en la cárcel

Los miembros de la antigua Mesa Nacional de Herri Batasuna (HB), condenados por el Tribunal Supremo a siete años de prisión por ceder un espacio electoral gratuito a ETA en 1996, han pasado casi veinte meses en la cárcel hasta el acuerdo del Tribunal Constitucional de anular la sentencia.Los 23 miembros de la antigua cúpula de HB ingresaron en prisión después de el Tribunal Supremo, que juzgó el caso, notificara en los juzgados del País Vasco y Navarra la condena por un delito de colaboración con banda armada dictada el 1 de diciembre de 1997, aunque seis meses después Jon Idígoras salió en libertad por motivos de salud.

El procedimiento contra los dirigentes de HB comenzó en febrero de 1996, cuando el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó el ingreso en prisión de Idígoras por la intención de la coalición de ceder sus espacios electorales a ETA durante la campaña para los comicios generales de ese año y dictó el secuestro y prohibición de la emisión de tres vídeos propagandísticos. La causa pasó posteriormente al Tribunal Supremo, dado que algunos de los imputados eran diputados en las Cámaras autonómicas del País Vasco y de Navarra, por lo que disfrutaban de la condición de aforados con inmunidad parlamentaria.

El Tribunal Supremo fijó el inició del juicio a los 23 acusados para el 6 de octubre de 1997. Durante el juicio, el fiscal mantuvo su petición de ocho años de cárcel para cada uno de los 23 acusados al entender que la cesión de espacios electorales a ETA constituían un delito de colaboración con banda armada. Las acusaciones ejercidas por la familia Múgica y el PSE-PSOE pidieron la misma pena que el fiscal, mientras que la Asociación de Víctimas del Terrorismo reclamó una pena de 22 años de cárcel. La condena fue de siete años

Recurso

Los abogados defensores de los miembros de la Mesa Nacional de HB presentaron, el 27 de diciembre de 1997, un recurso de amparo de más de 160 folios y basado en once motivos. La defensa alegó la vulneración de varios derechos fundamentales como la presunción de inocencia, el derecho a la tutela judicial efectiva, el principio de legalidad penal o la libertad de expresión e información. Dos meses después, el 25 de febrero de 1998, el Constitucional acordó admitir a trámite el recurso y decidió abrir una pieza separada en el procedimiento para decidir si suspendía la ejecución de la sentencia y, por tanto, la prisión de los 23 condenados mientras se resolvía el recurso. El 25 de marzo de ese mismo año, el Tribunal Constitucional desestimó la excarcelación de los dirigentes de HB porque la pena de prisión impuesta era de siete años, "lo que implica una considerable gravedad del hecho delictivo en sí y de la consecuencia jurídica que le corresponde". El Tribunal Constitucional comenzó el 13 de abril de este año las deliberaciones sobre los recursos, que se han prolongado durante más de cuatro meses.