¿Juez imparcial?

HACE TIEMPO que el Consejo General del Poder Judicial debió tomar cartas en el asunto de la juez decana de los juzgados de Marbella, Pilar Ramírez. Sencillamente, porque resulta escandaloso que una juez ejerza la jurisdicción en una ciudad donde sus familiares tienen importantes intereses económicos y que, además, intervenga judicialmente en asuntos que les afectan. La situación no es de ahora, aunque se ha ido agravando con los años, y era conocida, al menos en sus rasgos generales, por las altas instancias judiciales. Por eso resulta sorprendente que denuncias anteriores se resolvieran por medio de expedientes meramente superficiales. La inspección del Consejo acaba de realizar por primera vez, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, una investigación a fondo de los hechos. Y la conclusión es la que se sospechaba: los negocios de la familia de la juez (padre, hermano y marido) existen realmente y la juez decana de Marbella ha actuado en casos judiciales que afectan directamente a sus familiares o en los que éstos intervienen en calidad de asesores y representanes legales. La inspección apunta incluso una posible prevaricación en unas diligencias en las que actuaba como parte el Ayuntamiento de Marbella. Este asunto no sólo sería perseguible en el orden disciplinario, sino también en el penal.

El Poder Judicial deberá estudiar a partir del próximo lunes estos hechos y tomar decisiones. La inspección propone la inmediata suspensión cautelar de la juez en sus funciones, su traslado forzoso a otra ciudad por incompatibilidad y la apertura de cinco expedientes informativos por falta muy grave, que podrían acarrear su expulsión de la carrera judicial. Evidentemente, ni la suspensión cautelar ni el traslado forzoso presuponen la culpabilidad. Tampoco la apertura de los expedientes informativos, en los que deberá ser oída. Lo que parece insostenible es que pueda continuar adscrita a los juzgados de Marbella, a la luz de la incompatibilidad que establece la ley para actuar como juez en poblaciones de menos de 100.000 habitantes donde sus familiares directos tengan negocios y/o actúen ante los tribunales. Ése es exactamente el caso de la juez Ramírez. Y si hoy puede discutirse si Marbella ha superado o no ese umbral de población, no hay ninguna duda de que la juez ha ejercido durante una década en situación de incompatibilidad legal. Este hecho no sólo pone en cuestión su imagen de juez imparcial e independiente, sino la de la justicia misma. El Consejo debe obrar en consecuencia.