La ley del Suelo permitirá a la Junta expropiar terrenos para intervenir en el mercado inmobiliario

El consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco Vallejo, explicó ayer los contenidos del anteproyecto de la ley del Suelo de Andalucía. El consejero, que calificó la ley como "progresista e innovadora", subrayó la introducción de "conceptos políticos" como la definición de actividad urbanística como función pública, la limitación del derecho de la propiedad por necesidades sociales, la exigencia de disponibilidad de suelo para equipamientos básicos, la vinculación de los usos del suelo al desarrollo sostenible o la participación en el reparto de plusvalías generadas en el sector.

Aunque el consejero de Obras Públicas incidió en el carácter progresista del anteproyecto de ley y su concepción política "para la interpretación que en el futuro puedan hacer los tribunales", el plato fuerte de la futura normativa es la capacidad expropiatoria que adquiere la Junta "para tener bolsa de suelos estratégicos de reserva" que permitan a la Administración andaluza llevar a cabo una política de viviendas públicas o intervenir en los precios del mercado para contrarrestar los altos precios por el exceso de demanda inmobiliaria o las retenciones privadas de suelo. Para ello se crea la figura del Patrimonio Andaluz del Suelo, oficina que se encargará de las expropiaciones y ofertar el suelo. Otro elemento importante del anteproyecto de ley es el urbanizador o edificador. Esta figura aparece cuando, tras un periodo de tiempo el propietario de un inmueble o un terreno no actúa la Administración, mediante concurso público, cederá el edificio o el suelo a un tercero, tras expropiación forzosa e indemnización a su propietario original. Según el consejero esta disposición ya funciona con éxito en la Comunidad Valenciana. La ley delimitará las competencias de la Junta y los ayuntamientos para evitar conflictos. Mientras la Administración autonómica se encargará del planeamiento estructural los municipios desarrollaran el planeamiento pormenorizado. Se acentúan los deberes de conservación de los edificios por parte de los propietarios y así, evitar incidentes como los recientes derrumbamientos de muros en Sevilla. También se le da protagonismo al desarrollo de la ciudad ya existente mediante la rehabilitación de los cascos antiguos. Los ayuntamientos deberán utilizar los fondos de la venta de suelos, licencias de obras,... para actuaciones de índole urbanística. Vallejo indicó que se cederá el 10% urbanizado a los municipios por parte de los particulares que quieren desarrollar un suelo urbanizable y puntualizó que los convenios urbanísticos entre agentes privados y los ayuntamientos, que hasta ahora se caracterizaban por su "opacidad", a partir de ahora deberán publicarse en los respectivos Boletines Oficiales para "evitar suspicacias".