Políticas de integración y réditos electorales RAMON ESPADALER PARCERISAS

Bajo el título El racismo interior, Xavier Riu-Sant publicaba anteayer en estas páginas un artículo en el que sostenía la tesis de que el alcalde de Manlleu, el socialista Ramon Sitjà, había perdido las elecciones a causa de la difusión de rumores acerca de la política que el Ayuntamiento de Manlleu había impulsado para hacer frente al problema de la integración magrebí. Comparto sin matices la conclusión del artículo (el impulso de políticas de integración puede ser electoralmente contraproducente), pero no comparto las premisas a partir de las cuales el autor llega a tal conclusión en el caso de Manlleu. No es mi intención profundizar en las causas de la derrota electoral del PSC de Manlleu (en las que con toda seguridad han pesado muchos otros factores), sino esclarecer la confusión existente entre dos modelos de integración radicalmente distintos, hasta el extremo de que a menudo se presentan como iguales. Ciertamente, tanto en Vic como en Manlleu, nos encontramos con un elevado número de menores magrebíes en edad escolar (en torno al 9%, cuando la media catalana roza el 3%) y con un reparto de éstos entre las escuelas públicas y concertadas que evita la creación de guetos con el claro objetivo de facilitar su integración. Pero los procesos que han conducido a este modelo son radicalmente distintos. Para el caso de Vic, el planteamiento de partida es profundamente ideológico, el proceso que se ha seguido ha implicado a todas las instancias de la ciudad y, lo que es más importante, éste ha sido liderado y conducido por el Ayuntamiento, y en especial por su alcalde, el democristiano Jacint Codina. Nada de esto ha pasado en Manlleu. Profundamente ideológico, decía, porque el punto de partida ha sido la asunción de lo que puede parecer una obviedad a finales del siglo XX: los derechos del niño, los derechos humanos. Ideológico, también, porque se han conjugado estos derechos con el principio de subsidiariedad (también en su aspecto de asunción de responsabilidades, es decir, sin eludir la responsabilidad municipal). ¿Cómo? Pues instituyendo un Fórum para la Integración desde la alcaldía, con la participación activa de padres, maestros, grupos políticos, sindicatos y, naturalmente, representantes del colectivo magrebí. Un fórum que, dicho sea de paso, ha contado con la presencia en reiteradas ocasiones de responsables políticos del anterior equipo de gobierno de Manlleu, y que ha servido en primer lugar de encuentro entre las partes, de catarsis entre posturas a menudo distantes, y que ha permitido dibujar las líneas maestras de la política de integración con el compromiso de todas las partes implicadas. Un fórum dinámico (y por lo tanto capaz de hacer el seguimiento de los acontecimientos y las políticas) en el que el primer implicado ha sido la máxima autoridad local, el alcalde. Sólo a partir de aquí se ha podido aplicar una política de integración (que va mucho más allá de la escuela), basando en el compromiso ciudadano la legitimidad para acudir a instancias políticas y administrativas superiores, buscando su implicación (que se ha encontrado). El caso de Manlleu ha sido más bien lo contrario: reclamación permanente por parte del gobierno socialista de aplicación de un modelo de integración por decreto, de arriba abajo. Aquí radica buena parte del fracaso. Mientras que en Vic se parte de un profundo y amplio debate, pero también de un serio compromiso de las partes para aplicar, no sin dificultades, una política (que también genera incomprensiones y que con toda seguridad no es electoralmente rentable), en Manlleu ni se ha abierto el debate ciudadano ni ha sido el Ayuntamiento el que ha impulsado la integración escolar para evitar los guetos, sino que han sido las mismas agrupaciones de padres de las escuelas concertadas las que se han hecho cargo