Un policía y otras ocho personas, juzgadas por tráfico de drogas

La Audiencia de Vizcaya juzga desde hoy a un agente del Cuerpo Nacional de Policía y a otras ocho personas acusadas de tráfico de drogas en el barrio de Las Cortes de Bilbao. El agente, de acuerdo con el fiscal, avisaba al resto de los procesados de cuándo se iba a realizar una operación contra ellos. Los hechos que ahora se juzgan ocurrieron en 1992. El fiscal solicita para el agente de policia, J.B.B., nueve años de prisión y para A.S.O., de 36 años, la mujer que presuntamente dirigía la red, cuatro años y dos meses. Para cada uno de los demás acusados, el ministerio público pide tres años y seis meses de privación de libertad. Han sido citados 27 testigos, de los cuales 15 son agentes del Cuerpo Nacional de Policia, que fue el que realizó las detenciones. Según la acusación pública, en los meses de septiembre y octubre de 1992, la Brigada de Estupefacientes del Cuerpo Nacional de Policía descubrió que A.S.O. realizaba actividades ilegales en su casa en el barrio de Las Cortes. En este domicilio, en el que vivían otros dos de los acusados, se preparaban las papelinas, que otra de las acusadas vendía en la calle. En dicho piso, la policía se incautó de diversas cantidades de cocaína y heroína, así como sustancias para adulterar la droga y útiles para prepararla. Un teléfono intervenido La intervención del teléfono de la principal acusada permitió conocer la existencia de un piso en el que su hermana y otras personas, todas de la misma familia, ocultaban parte de la droga, así como dinero, joyas y cámaras fotográficas obtenidas con este comercio ilícito. El fiscal señala además que el agente del Cuerpo Nacional de Policía, quien mantenía "relaciones de amistad" con la hermana de la principal acusada, era informado "de las actuaciones que su grupo iba a llevar a cabo en relación con las ilícitas actividades a las que se dedicaba esta familia, actuaciones de las que tenía conocimiento precisamente por razón de su cargo". Como ejemplo se relata que el 13 de octubre de 1992, el citado polícia realizó una llamada al teléfono de la hermana de la principal acusada, en la que le avisaba de que el Inspector Jefe del Grupo 1º de Investigación, a quien citaba por su apodo, iba "a dar el palo esa tarde" en la casa de su hermana. El fiscal, además de las penas de prisión, solicita una multa de 100 millones de pesetas para el agente de policía, 10 millones para A.S.O. y un millón para cada uno de los otros siete acusados.