Vivienda por las nubes

A LAS contrapartidas que exhibe el crecimiento de la economía española -resistencia a la baja de la tasa de inflación o desequilibrio comercial, por ejemplo- hay que añadir la inquietante subida de precios de los activos inmobiliarios, que, según la naturaleza de los mismos y las diferentes regiones, puede estar superando el 10% en lo que va de año. El precio del dinero, que ha bajado a mínimos históricos, es probablemente el factor más influyente en esa disparada demanda, al facilitar un significativo crecimiento de la financiación hipotecaria y, al mismo tiempo, reducir el atractivo de inversiones alternativas con bajo riesgo, como bonos o fondos de inversión centrados en activos de renta fija. Otros elementos, como el aumento de la renta familiar, el mantenimiento de la propensión al ahorro, la evolución demográfica, el mal funcionamiento del mercado de alquileres y la llegada del euro (con facilidades a la inversión de no residentes o la gradual afloración de dinero negro), contribuyen también a explicar la espectacular demanda de viviendas. Con todo, el conjunto de esos factores no explicaría las tensiones en los precios de no existir un funcionamiento ineficaz del mercado de suelo. Sin menoscabo de que promotores y constructores estén aprovechando de forma más o menos desaprensiva esta bonanza tras seis años de atonía, es un hecho que el precio de la vivienda en España incorpora una elevada repercusión del correspondiente al suelo. Detrás de esta circunstancia está un sistema arbitrario de oferta del mismo, del que las administraciones públicas son principales responsables. La revisión en profundidad del racionamiento al que está sometido, su reforma, es la condición básica para que la tendencia actual no se enquiste en el futuro inmediato. Esa reforma es urgente no sólo para el funcionamiento adecuado de un mercado esencial para muchos españoles, sino también para evitar, como muestra la experiencia, desenlaces repentinos que perjudican a todos cuantos tienen que ver directa o indirectamente con él: compradores endeudados, empresas constructoras e inmobiliarias y entidades financiadoras. Como en otros ámbitos en los que se requieren decisiones específicas de política económica, en el de la vivienda también hay razones para pensar que el Gobierno está dejando pasar el tiempo peligrosamente.