La Fiscalía del TSJA pide nuevos informes sobre la tala de 14.000 árboles en Baza
La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha ordenado la realización de nuevos peritajes, por parte de técnicos no ligados a administraciones públicas, sobre la tala indiscriminada de 14.000 árboles que se produjo en el parque natural de la Sierra de Baza entre mayo y noviembre de 1998. La tala la realizó una empresa maderera que había pedido permiso para hacer trabajos de limpieza en el bosque.
El escándalo, por el que están imputados el delegado de Medio Ambiente en Granada, Rafael Salcedo, el director del parque natural, José María Irurita, y el empresario maderero Juan Senes, saltó el pasado 25 de mayo, cuando el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, reveló en un informe que se habían talado 13.848 árboles en el parque natural, lo que iba a suponer un verdadero desastre para la zona. El fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, ha ordenado ahora más informes periciales, por parte de técnicos independientes, para conocer cuál es la dimensión exacta del desastre y evitar que haya presiones políticas o económicas en este asunto. El conocimiento de la tala de árboles supuso una verdadera conmoción en Baza. Los hechos estuvieron sucediéndose durante varios meses sin que nadie se percatara de ello. La empresa Muebles Senes Torres pidió a Medio Ambiente y a la dirección del parque natural permiso para realizar "trabajos selvícolas" con el objeto de aprovecharse de las maderas y leñas que sobraran del bosque y cortar árboles enfermos, y que no iban a suponer ningún gasto para la administración. La delegación dio su permiso sin constatar que, lo que en realidad se iba a hacer era talar miles y miles de árboles a ambos lados de la ribera del Arroyo Uclía. En su momento, Salcedo e Irurita manifestaron al juez que la tala se había ajustado a la autorización que habían dado, y que todos los árboles cortados eran chopos enfermos, secos o deteriorados. Greenpeace, por su parte, sostiene que allí se produjo una verdadera catástrofe medio ambiental, en tanto que un colectivo vecinal, la Asociación Iniciativa Sierra de Baza, afirma que el permiso no se ajustó a la legalidad vigente.
