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El alcalde asienta ahora junto a la N-I a los rumanos que expulsó de su poblado

El gobierno local advierte de que sólo mantendrá durante 72 horas el nuevo campamentoEl PSOE recoge quejas de los afectados para querellarse contra el gobierno municipal

Las familias desalojadas el pasado jueves por el Ayuntamiento de Madrid del poblado marginal de Malmea (Fuencarral) lograron ayer otro techo. El Gobierno municipal, del PP, que el día anterior, por boca de su concejal de Seguridad, la ex juez María Tardón, había afirmado tajantemente que "en una ciudad como Madrid no caben asentamientos ilegales", rectificó tras el aluvión de críticas recibidas desde la oposición y entidades cívicas y montó un campamento a toda prisa. El lugar elegido, también en Fuencarral pero bien lejos de los vecinos y sus quejas, fue una hondonada, en un polígono industrial anexo a la carretera de Burgos (N-I). Allí, con la ayuda del Ejército, se levantaron cuatro grandes tiendas de campaña para dar cobijo a los 250 gitanos rumanos (entre ellos, 80 niños) que tras su expulsión del poblado de Malmea y la muerte en accidente de tráfico de un niño se habían negado a abandonar Madrid y habían acampado frente al hospital La Paz. Su situación allí, sin agua corriente, ni luz, durmiendo al raso, ahondó la crisis provocada por el desalojo -una acción compartida por el Ayuntamiento y la Delegación del Gobierno-. Este hecho motivó una intervención de urgencia del defensor del Menor, Javier Urra, quien sin ningún apoyo de las instituciones -la Comunidad, tras aplaudir el viernes el desalojo por "razones de salubridad" guardó ayer un absoluto mutismo-, recabó la ayuda de dos ONG y consiguió torcer la decisión municipal y arrancar un "lugar digno" para los niños inmigrantes y sus padres. El anuncio de la rectificación llegó de mano del concejal de Sanidad, Simón Viñals, quien manifestó que la creación del campamento refleja la "solidaridad" municipal. La concejal de Seguridad expresó su deseo de llegar a un acuerdo con la oposición en este tema.

El nuevo asentamiento se ubica en el camino de San Roque, detrás de un taller de automóviles. Es una hondonada medio asfaltada, rodeada de árboles y sin viviendas próximas.

Los gitanos rumanos se trasladaron hasta allí en sus coches sobre las 21.00. El nuevo asentamiento tiene caracter provisional: "Las cuatro tiendas que se han instalado se desmontarán en 72 horas. En ese plazo las autoridades van a buscar una solución para la situación de esta gente", explicó ayer el edil de Sanidad, Simón Viñals, del PP.

Pero el traslado no ha gustado en absoluto a la oposición: "En 72 horas es muy posible que no de tiempo a encontrar una solución acertada para los rumanos. El municipio debería haber trasladado a los inmigrantes al Pabellón de Mayorales, de la Casa de Campo, que se utiliza en invierno para dar cobijo a los sin techo. El albergue tiene una capacidad para unas 400 camas, duchas, luz y además las familias podrían estar juntas en habitaciones", explicó Inés Sabanés, portavoz de IU en el Ayuntamiento.

El secretario general de la Federación Socialista Madrileña, Jaime Lissavetzky, denunció: "Esto no se puede hacer con una gente que tiene niños".

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1.000 litros de agua

El Defensor del Menor exige a las instituciones que se atienda "dignamente" a los niños rumanos

El edil de Sanidad, Simón Viñals, acudió ayer al parque Norte y defendió a capa y espada la actuación municipal. "Para la atención de cualquier emergencia que les surja a los inmigrantes, el Samur ha instalado un puesto médico avanzado en el que hay hasta una UVI con todos los medicamentos y dotada de aire acondicionado", explicó Viñals. "Se les atiende con todos los medios materiales y personales", añadió. Los voluntarios de Protección Ciudadana repartieron ayer entre los rumanos 1.000 litros de agua en bolsas de plástico y bocadillos. Viñals aseguró que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta.

Pero los concejales de la oposición no lo creían así. Mariana Cordero Rubio, vocal del PSOE en la junta del distrito de Fuencarral, estaba ayer a primera hora de la mañana ayudando a los inmigrantes. "Aquí no se ha presentado nadie del equipo de gobierno [del PP]. Y son ellos los responsables directos de atender a los rumanos". "Yo misma", añadió, "les he traído algo de ropa a una familia y un biberón para un bebé, que sólo tiene diez días".

Diana Obras, rumana de 36 años, madre de dos hijos, lamentaba ayer: "Los mayores no hemos pasado mal la noche, pero los niños han pasado mucho frío de madrugada. No tenemos agua, no tenemos sitio donde dormir. En el parque hace mucho calor por el día. En el poblado de Malmea estábamos mucho mejor", explicaba. "Lo único que queremos es estabilidad. Que los niños vuelvan al colegio. Que aprendan español, que tengan amigos españoles y que luego trabajen en España. Lo normal que quiere cualquier persona", añadió.

Patrocinio de las Heras, del PSOE, recogía ayer las quejas de los inmigrantes con la intención de presentarlas ante un juzgado en forma de denuncia contra el Ayuntamiento. "Las familias rumanas desalojadas presentarán una denuncia por el violento desalojo que sufrieron y reclamarán indemnizaciones por ello", aseguró De las Heras.

La oposición pone en duda los métodos empleados por el PP y la Delegación del Gobierno. El desmantelamiento del poblado se inició a las 7.00 del jueves pasado, cuando más de medio centenar de policías irrumpió en el poblado de Malmea, en teoría para acompañar a los operarios municipales que iban a limpiar el asentamiento.

Sorprendieron a las cien familias que lo habitaban dormidas en las infraviviendas. Les conminaron a hacer el petate y abandonar sus chabolas, según explicaron los afectados. "Por lo menos había sesenta policías, entre antidisturbios, de la unidad de extranjería, nacionales y municipales", explicó Elsa Beistegui, de la organización no gubernamental Mundo Justo.

"Los rumanos se asustaron por el despligue policial y fueron coaccionados a abandonar sus hogares. Se les echó y la policía les iba diciendo "tenéis que iros, pero fuera de la Comunidad de Madrid, si no os expulsaremos a Rumania", explicó ayer Javier García, otro voluntario de la citada ONG.

Presionados por los agentes, los rumanos abandonaron todas sus pertenencias. Muchos se fueron con lo puesto. "No se llevaron ni los pucheros de cocina. Los que no tenían vehículos salían del poblado de la mano de sus hijos", añadió Beistegui. Así se inició el viaje que ayer no hizo sino tener una nueva escala.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de julio de 1999

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