El alcalde asienta ahora junto a la N-I a los rumanos que expulsó de su poblado

El edil de Sanidad, Simón Viñals, acudió ayer al parque Norte y defendió a capa y espada la actuación municipal. "Para la atención de cualquier emergencia que les surja a los inmigrantes, el Samur ha instalado un puesto médico avanzado en el que hay hasta una UVI con todos los medicamentos y dotada de aire acondicionado", explicó Viñals. "Se les atiende con todos los medios materiales y personales", añadió. Los voluntarios de Protección Ciudadana repartieron ayer entre los rumanos 1.000 litros de agua en bolsas de plástico y bocadillos. Viñals aseguró que la actuación del Ayuntamiento ha sido la correcta.

Pero los concejales de la oposición no lo creían así. Mariana Cordero Rubio, vocal del PSOE en la junta del distrito de Fuencarral, estaba ayer a primera hora de la mañana ayudando a los inmigrantes. "Aquí no se ha presentado nadie del equipo de gobierno [del PP]. Y son ellos los responsables directos de atender a los rumanos". "Yo misma", añadió, "les he traído algo de ropa a una familia y un biberón para un bebé, que sólo tiene diez días".

Diana Obras, rumana de 36 años, madre de dos hijos, lamentaba ayer: "Los mayores no hemos pasado mal la noche, pero los niños han pasado mucho frío de madrugada. No tenemos agua, no tenemos sitio donde dormir. En el parque hace mucho calor por el día. En el poblado de Malmea estábamos mucho mejor", explicaba. "Lo único que queremos es estabilidad. Que los niños vuelvan al colegio. Que aprendan español, que tengan amigos españoles y que luego trabajen en España. Lo normal que quiere cualquier persona", añadió.

Patrocinio de las Heras, del PSOE, recogía ayer las quejas de los inmigrantes con la intención de presentarlas ante un juzgado en forma de denuncia contra el Ayuntamiento. "Las familias rumanas desalojadas presentarán una denuncia por el violento desalojo que sufrieron y reclamarán indemnizaciones por ello", aseguró De las Heras.

La oposición pone en duda los métodos empleados por el PP y la Delegación del Gobierno. El desmantelamiento del poblado se inició a las 7.00 del jueves pasado, cuando más de medio centenar de policías irrumpió en el poblado de Malmea, en teoría para acompañar a los operarios municipales que iban a limpiar el asentamiento.

Sorprendieron a las cien familias que lo habitaban dormidas en las infraviviendas. Les conminaron a hacer el petate y abandonar sus chabolas, según explicaron los afectados. "Por lo menos había sesenta policías, entre antidisturbios, de la unidad de extranjería, nacionales y municipales", explicó Elsa Beistegui, de la organización no gubernamental Mundo Justo.

"Los rumanos se asustaron por el despligue policial y fueron coaccionados a abandonar sus hogares. Se les echó y la policía les iba diciendo "tenéis que iros, pero fuera de la Comunidad de Madrid, si no os expulsaremos a Rumania", explicó ayer Javier García, otro voluntario de la citada ONG.

Presionados por los agentes, los rumanos abandonaron todas sus pertenencias. Muchos se fueron con lo puesto. "No se llevaron ni los pucheros de cocina. Los que no tenían vehículos salían del poblado de la mano de sus hijos", añadió Beistegui. Así se inició el viaje que ayer no hizo sino tener una nueva escala.