Los funcionarios preparan un 'verano caliente'en las cárceles

Los sindicatos de prisiones han anunciado un verano caliente de protestas en las 74 cárceles españolas que dependen del Ministerio del Interior. El fracaso de la reunión del jueves pasado entre representantes del ministerio y dirigentes de la Plataforma de Sindicatos de Prisiones y Plantillas ha encrespado los ánimos de los 18.338 trabajadores de las cárceles, que exigen, entre otras medidas, un fuerte aumento salarial y más personal de vigilancia.

Lo que comenzó como un movimiento asambleario de los funcionarios de la nueva prisión de Huelva, según los propios sindicatos, se ha ido extendiendo en los últimos meses al resto de las cárceles españolas, al tiempo que las protestas crecían en intensidad. Los funcionarios onubenses arrancaron sus movilizaciones para exigir una mayor dotación de personal para controlar a los 1.500 presos que alberga el recinto, muchos de ellos considerados muy peligrosos. Los propios sindicatos confirman que las continuas movilizaciones de sus compañeros de Huelva obligaron a constituir la llamada Plataforma de Sindicatos de Prisiones y Plantilla, a la que se sumaron las centrales UGT, Comisiones Obreras, Acaip, USO y CSIF.

A finales de junio comenzó un rosario de encierros, manifestaciones y concentraciones para intentar forzar al Ministerio del Interior a adoptar "las medidas necesarias para paliar las especiales condiciones de peligrosidad y penosidad en la que los funcionarios desarrollan su labor", según reza un comunicado difundido por UGT. El colectivo tiene que controlar a una población reclusa de algo más de 46.000 personas, de los que 10.481 son presos preventivos a la espera de juicio.

Estas medidas son, fundamentalmente, la equiparación salarial con los funcionarios de prisiones del País Vasco y Cataluña (esta comunidad tiene transferidas las competencias penitenciarias), un aumento de las plantillas (calculan que se necesitan otros 2.000 funcionarios), mayor movilidad laboral y un régimen de segunda actividad para los funcionarios de vigilancia que hayan superado los 60 años. Los sindicatos aseguran que sus compañeros catalanes cobran entre 40.000 y 60.000 pesetas mensuales más que ellos.

La encendida protesta del pasado martes, en la que cientos de funcionarios cortaron los accesos a las principales cárceles españolas con barricadas de fuego, forzó la reunión del jueves último en Madrid. A este encuentro acudieron el subsecretario del Ministerio del Interior, Leopoldo Calvo Sotelo, y el director general de Instituciones Penitenciarias, Ángel Yuste, un veterano de este organismo desde los gobiernos socialistas (cuando prisiones dependía del Ministerio de Justicia y llegó a ser una Secretaría de Estado) al que los sindicatos han convertido en su bestia negra.

Oferta inaceptable

Las centrales calificaron de "totalmente inaceptable" la oferta que recibieron de la Administración de concederles un plus de productividad de 3.000 pesetas mensuales, condicionado a la asistencia al trabajo. Fuentes de Instituciones Penitenciarias precisaron a la agencia Efe que la oferta consistía en una bolsa de 800 millones de pesetas de productividad anual ligada al control del absentismo, la posibilidad de que los funcionarios puedan tener movilidad a otras áreas de la Administración y la apertura de una negociación para abrir los horarios de trabajo. El fracaso encrespó al grueso de los 18.338 trabajadores de prisiones (16.576 funcionarios y el resto, contratados), que endurecieron el bloqueo de las carreteras de entrada a los penales. Los carceleros de las prisiones gaditanas de El Puerto I y II (en El Puerto de Santa María, Cádiz) llegaron a anunciar que iban a iniciar una "huelga salvaje". De hecho, el paro podría considerarse ilegal porque ni siquiera había sido anunciado a las respectivas subdelegaciones del Gobierno. Además, en Sevilla, un portavoz de la Plataforma anunciaba que si la policía acudía a disolverles los combatirían con el material antidisturbios del que disponen los funcionarios para sofocar eventuales revueltas de presos.

Las protestas, suspendidas durante un día a la espera del resultado de la reunión negociadora, se reanudaron el viernes con mayor dureza, especialmente en las 13 prisiones andaluzas (12 más el psiquiátrico penitenciario de Sevilla II), que albergan a más de 10.000 presos (es la comunidad autónoma española con más población reclusa). Los duros enfrentamientos entre funcionarios y policías en El Puerto (14 heridos entre el viernes y ayer) y el cansancio tras una noche en vela llevaron a que los ánimos se apaciguaran ayer relativamente.

Pese a todo, las protestas van a continuar con encierros y concentraciones en los centros los próximos miércoles y jueves. Además, el 19 de julio, lunes, están previstas concentraciones simultáneas de funcionarios ante las subdelegaciones del Gobierno.