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LA EXPULSIÓN DE LOS RUMANOS DE MALMEA

El Gobierno regional apoya el desalojo de los rumanos de Malmea para "mejorar la salubridad" de la zona

Vicente G. Olaya

El vicepresidente del Gobierno regional y consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes, Luis Eduardo Cortés, manifestó ayer que la actuación de la Delegación del Gobierno y del Ayuntamiento de Madrid en relación con el desalojo del poblado rumano de Malmea le parecía "en principio acertada". No obstante, destacó que, "cuando se habla de este problema, hay que pensar en las personas que se han visto afectadas, pero también en el conjunto de la sociedad, y de forma muy importante, en los muchos miles de madrileños que vivían en ese barrio y que estaban sufriendo consecuencias no deseadas". Por su parte, la consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, subrayó que la Comunidad desconocía que se fuera a llevar a cabo el desalojo de los inmigrantes rumanos. Martínez calificó además como "un hecho muy trágico y triste" la muerte por atropello, en una gasolinera de la N-I, de uno de los niños rumanos que vivían en este poblado y que había salido por la mañana junto a su familia.

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Sin embargo, la consejera reconoció que el Ayuntamiento es la administración competente en esta materia y opinó que "no tiene nada que ver" con el desalojo "lo ocurrido a 64 kilómetros de aquí", en referencia con el atropello del menor.

"Cuidado y tacto"

Pilar Martínez justificó incluso la marcha forzosa de los inmigrantes argumentando que se hizo "para mejorar la salubridad de la zona", aunque destacó a renglón seguido que, "cuando estas actuaciones se lleven a cabo por la Comunidad de Madrid, siempre se harán con criterios de cuidado, sensibilidad, tacto e integración de estas personas". Y reiteró: "Este tipo de traslados deben estar muy preparados y siendo siempre conscientes de que son personas, son seres humanos los que están viviendo allí, y hay que tener cuidado". Recalcó su apoyo al Ayuntamiento, ya que la operación tuvo como objetivo mejorar la salubridad de la zona. "Se demolieron, por lo que tengo entendido, casetas y tiendas de campaña que se encontraban vacías. Lo que hizo el Ayuntamiento fue llevar a cabo una actuación comprometida con anterioridad, ya que había un compromiso de que estas viviendas se iban a dejar en verano y que estas personas se iban a marchar".

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Sobre la firma

Vicente G. Olaya
Redactor de EL PAÍS especializado en Arqueología, Patrimonio Cultural e Historia. Ha desarrollado su carrera profesional en Antena 3, RNE, Cadena SER, Onda Madrid y EL PAÍS. Es licenciado en Periodismo por la Universidad CEU-San Pablo.

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