Los rumanos expulsados se niegan a dejar Madrid y acampan junto a La Paz

Más de un centenar de inmigrantes gitanos rumanos de los 500 expulsados (100 familias) por el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno el pasado jueves del campamento de Malmea, en Fuencarral, se resisten a abandonar Madrid. Los inmigrantes, entre ellos cerca de 40 niños, acamparon anoche en un parque situado junto a las urgencias de la sección materno-infantil del hospital de La Paz (Chamartín). Junto a ellos se encontraban los voluntarios que les atendieron durante su estancia en el asentamiento de Malmea y el Defensor del Menor, Javier Urra, quien pasó toda la tarde en el parque intentanto conseguir sin éxito que la concejal de Servicios Sociales, Beatriz Elorriaga, del PP, atendiese su petición de dar un techo a los niños. Ante esta situación, ya de noche, la ONG Mensajeros de la Paz lanzó una oferta: estaba dispuesta a pagar 30 habitaciones por una noche para estas familias en el hotel Nuevo Prisma, un alojamiento de cuatro estrellas en Santa Engracia, 118 (Chamberí), junto a la residencia de ancianos municipal que esta entidad regenta. La ONG planteó la posibilidad de que las familias rumanas se traladaran hoy a una residencia suya en León.

Pero la oferta de la ONG fue recibida con frialdad por los inmigrantes, quienes eran reacios a que mujeres y niños se alojasen en el hotel mientras los maridos permanecían en el parque. Temían que la separación se utilizase para expulsar a los hombres de la ciudad.

A media noche, Javier Urra, voluntarios y los representantes de Mensajeros de la Paz esperaban a los rumanos en el hotel, pero ninguno había llegado. "En Malmea teníamos un campamento con problemas, pero dotado con duchas y letrinas; ahora lo tenemos en un parque junto a un centro hospitalario, sin servicios y a 40 grados de temperatura; el problema es grande", reflexionaba Urra.

En la ciudad hay albergues para mujeres, hombres o niños, pero ninguno para familias enteras, y los inmigrantes no querían separarse. Es un problema que se ha repetido con grupos familiares bosnios, albaneses o rumanos.

Los voluntarios que apoyan a los rumanos tildan de "increíble" la versión municipal del desalojo

La mayoría de las familias arribaron al centro sanitario en la noche del jueves para acompañar a los padres del niño de cinco años que, horas después del desalojo, murió atropellado en el kilómetro 64 de la carretera de Burgos (N-I), en el término municipal de Lozoyuela. El chaval falleció cuando, en la estación de servicio de la autovía, jugaba bajo de un camión de gran tonelaje cuyo conductor no le vió al arrancar.

Tras una noche de duelo y dolor estas familias acudieron por la mañana al Instituto Anátómico Forense donde se le practicó la autopsia al niño. Al lugar asistieron el delegado del Gobierno en Madrid, Pedro Núñez Morgades, el Defensor del Menor y representantes municipales a dar el pésame.

A primera hora de la tarde (15.35) el cadáver fue repatriado a Rumanía en un vuelo de las líneras áereas checas con destino a Bucarest en el que viajaban también los padres del niño fallecido con otro hijo de seis meses de edad. El billete, de ida y vuelta con la fecha de regreso abierta, fue costeado por el Ministerio del Interior y la repatriación del féretro por el Ayuntamiento de Madrid.

El Ayuntamiento y la delegación del Gobierno mantienen su versión según la cual la operación del jueves no fue una expulsión y los inmigrantes se marcharon de forma "voluntaria". Insisten en que el fuerte efectivo policial, formado por numerosos agentes municipales y antidisturbios, sólo acudió al lugar para efectuar una operación de limpieza del insalubre lugar y para retirar vehículos abandonados y que incumplían la normativa.

Núñez Morgades indicó también que el lugar era un foco permenente de tensión con los vecinos del barrio de Begoña que habían recogido 2.500 firmas pidiendo su desmantelamiento. Los residentes acusaban a los inmigrantes de generar suciedad, hurtos y conflictos de convivencia "con su actitud chulesca".

Los voluntarios que apoyan a los chabolistas consideran "increíble" la versión oficial. "Dicen que se han marchado voluntariamente, entonces ¿para que llevaron tanta policía?", plantean. Los inmigrantes replican que la policía les conminó a marcharse amenazándoles con que, de lo contrario, se les deportaría a su país por tratarse de extranjeros en situación irregular.

Casi todas estas familias habían solicitado el estatuto de asilados que les fue denegado con lo que su situación es irregular aunque sólo 65 tenían iniciados, no resueltos, expedientes de expulsión del país.