Vivienda, carestía y desahucios

La política social regresiva practicada durante las dos últimas décadas en Europa, con uno u otro grado de intensidad en los diversos países, ha dejado, en el ámbito de los de la Unión Europea, 57 millones de pobres y más de 18 millones de personas sin hogar (datos del propio Parlamento Europeo y del Observatorio Europeo de los Sin Techo), a la vez que unos astronómicos precios inmobiliarios, con una sobrecargadísima demanda de viviendas sociales, a la que las administraciones públicas no dan abasto. Antes, y a lo largo de mucho tiempo, se habían aplicado en Europa otras políticas más adecuadas, en las que se conjugaron mejor el desarrollo económico y los derechos sociales. En España se nos ha golpeado duramente con el "decreto Boyer", que disparó los precios y forzó la demanda de compra de pisos a toda costa, seguido de otras medidas, de parejos efectos, como el decreto de descontrol de las viviendas de protección oficial (mayo de 1993) y la ley de desahucios, de 1994. A finales de 1998, esa ley llevaba en vigor cuatro años y, en ellos, sólo en el municipio de Madrid han sido desahuciadas cerca de 25.000 familias, a la vez que los precios alcanzan altísimos niveles especulativos, a impulsos de la política que venimos padeciendo. Hace falta restablecer y aun reforzar los derechos de los usuarios, frenar la especulación y los desahucios y reducir de manera sustancial las cargas fiscales que pesan sobre la promoción, la adquisición y la puesta en uso de las viviendas y demás inmuebles.- . Coordinadora de Vivienda de Asociaciones de Vecinos.