La policía expulsa del poblado de Malmea a las 100 familias rumanas

Las 100 familias gitanas rumanas (unas 500 personas) que malvivían desde hace un año junto a una escombrera del barrio de Malmea (Fuencarral), tuvieron que abandonar ayer el campamento. A las 7.00, el Ayuntamiento de Madrid y la Delegación del Gobierno enviaron a numerosos policías al poblado, "sólo para efectuar tareas de limpieza y retirada de vehículos abandonados y que incumplían la normativa". Según esta explicación oficial, las familias abandonaron el lugar "voluntariamente", versión rebatida por los propios afectados y por los voluntarios que les apoyaban desde hace meses. "Se han ido porque les han obligado a hacerlo; es verdad que la policía no les ha echado a palos, pero desde hace meses les insistían en que se tenían que marchar", aseguraron los voluntarios.

Los inmigrantes explicaron que los agentes les conminaron a irse de forma voluntaria porque, de lo contrario, les repatriarían a Rumania, dado que carecen de permiso de trabajo y residencia en España (aunque sólo 65 tienen iniciados, que no resueltos, expedientes de expulsión). Uno de los responsables policiales de la operación corroboró esta versión. Ante la disyuntiva, las familias optaron por el mal menor: abandonar el lugar. Prefirieron no tentar a la suerte, aunque, según reconoce la propia policía, la expulsión de familias enteras con niños es muy complicada.

Ese mismo responsable policial, que no quiso que se citara su nombre, aseguró que se ha dado noticia de la operación a las brigadas de extranjería de otras provincias para que estén al tanto de si se establecen en su terrirorio estos inmigrantes.

Por la tarde, en el poblado sólo quedaba una familia pendiente de que les repatrien porque quieren volver a su país por un fallecimiento. El resto se marcharon, unas en coches, escoltadas por agentes municipales de Madrid, Tres Cantos, Colmenar Viejo y Soto del Real, cada uno hasta el linde de su término municipal, y otras a pie llevando a cuestas sus pertenencias.

"Les han dicho que se diseminen en pequeños grupos y no sabemos adónde han ido, quizás a Valencia o Vitoria, donde hay otros campamentos similares de rumanos", explicaban los voluntarios.

Por la tarde, siete parejas con media docena de niños fueron expulsadas del parque del barrio de Begoña donde permanecían al fresco. Les indicaron que habían recibido órdenes de no dejarles estar allí porque recibían inmumerables quejas de los vecinos de la zona por la suciedad que provocaban.

El delegado del Gobierno, Pedro Núñez Morgades, asegura que estas familias sabían que se tenían que marchar. "Se lo expusimos y nos pidieron que esperásemos a que los niños acabaran el curso escolar y así lo hemos hecho porque las clases finalizaron la semana pasada", asegura.

"Este campamento no podía seguir, era un lugar insalubre y un foco creciente de tensión con el vecindario, que se quejaba del comportamiento de estas familias", añade Núñez Morgades.

El Defensor del Menor e IU creen que la expulsión de los rumanos sólo traslada el problema de lugar

El Defensor del Menor, Javier Urra, corrobora que a las familias rumanas de Malmea ya se les había informado de que tendrían que irse. "Otra cosa es que ellos lo tuvieran asumido, cosa que dudo", añade. "En realidad, lo que hemos hecho es trasladar el problema de lugar; ahora irán a otra comunidad o país", matiza Urra. La diputada de IU Caridad García comparte esa opinión. "El problema no desaparece al hacer que los inmigrantes se trasladen a otro municipio, práctica muy habitual del alcalde Álvarez del Manzano, hay que impulsar medidas sociales", afirma. Núñez Morgades reconoce que las instituciones carecen de mecanismos para resolver situaciones como las de Malmea. "No debemos permitir que se vuelva a crear otro gueto de estas dimensiones, porque al final resulta ingobernable", añade. Antes de las elecciones, la anterior concejal de Servicios Sociales, Elena Utrilla, planteó crear pequeños campamentos con los servicios básicos mínimos, como los que existen en otros países europeos, para acoger de forma temporal a estos grupos con cierto carácter nómada. Pero el asunto no se ha vuelto a abordar. El delegado del Gobierno asegura que, según los informes de la comisaría de Fuencarral, estaba comenzando a haber hurtos y peleas en los alrededores del poblado. Los policías de proximidad de la zona apostillan que día a día recibían numerosas quejas de residentes del barrio de Begoña por la presencia de los rumanos. Estos vecinos habían reunido 2.500 firmas pidiendo el desmentalemiento del núcleo. La semana pasada finalizó el curso escolar de los niños y una de las ONG que trabajaron con ellos propuso a las instituciones desarrollar un campamento de verano. La falta de respuesta sembró las sospechas de expulsión. "Nos costó mucho que las instituciones se preocuparan del barrio y ahora todo el esfuerzo se ha quedado en nada", explicaba Teresa Álvarez, una de las voluntarias. "Lo más indignante es que digan que no les han expulsado. ¿Entonces, para que han traído hasta policías a caballo?", se pregunta. Las instituciones comenzaron a tomar medidas de apoyo social en Malmea cuando, en marzo, Unicef (la agencia de Naciones Unidas para la infancia) alertó sobre las pésimas condiciones de vida de los chavales del núcleo. Malvivían en furgonetas y tiendas de campaña, rodeados de escombros, y muchos padecían sarna y piojos. El 9 de marzo, un niño murió quemado al incendiarse la tienda donde dormía con una vela encendida y una estufa de gas. Este accidente aceleró la toma de medidas. Los niños fueron escolarizados en el colegio Miguel Hernández, de Latina, donde además de aprender podían ducharse y comer, y se instalaron duchas y letrinas en el campamento. Ayer, un agente charlaba amistosamente con una niña y le animaba a seguir el curso en septiembre. Pero la chiquilla no sabía si tendrá de nuevo una escuela.