Los periodistas proponen que un órgano independiente controle los medios públicos

El modelo actual de gestión y control de los medios audiovisuales públicos data de la época de la transición. Entonces sirvió, pero 20 años después está obsoleto y no garantiza ni el pluralismo informativo ni su independencia del poder político. Mientras los países del ámbito europeo próximo han reformado sus sistemas de radio y televisión pública, aquí no se ha hecho. El Colegio de Periodistas de Cataluña juzga urgente la sustitución del modelo vigente y, por este motivo, ha elaborado un documento que propone, entre otras cosas, que una autoridad audiovisual independiente controle dichso medios y vele por su imparcialidad.

En la presentación, ayer, del documento, titulado Por un nuevo modelo de radio y televisión pública, el decano del Colegio de Periodistas de Cataluña, Salvador Alsius, señaló que éste "llega en un momento oportuno, pero no responde a ningún oportunismo". Precisó Alsius que se refería a que estos días, en el Parlament y otras instancias, se debate sobre la necesidad de sustituir el modelo de radio y televisión pública, y que, en este contexto, la voz del colegio se quiere sumar a las que urgen un cambio que asegure la despolitización de estos medios. El decano de los periodistas dijo que la propuesta es global y sirve tanto para el sistema español como para el catalán. Una comisión del colegio ha trabajado durante un año en la elaboración de la propuesta. La iniciativa partió de una asamblea de colegiados en la que se expuso que el vigente modelo de gestión de la radio y la televisión pública distorsiona el proceso de selección de los contenidos informativos, introduce tensión en las redacciones y, además, pervierte los mecanismos de promoción profesional, ya que ascienden los periodistas que demuestran una mayor afinidad política con el partido que gobierna. Esta preocupación llevó a crear la citada comisión de trabajo, cuya propuesta -no cerrada por ahora- se basa en el estudio de los modelos audiovisuales públicos de los países europeos más cercanos y Canadá, y en el asesoramiento de expertos. Entre ellos, el presidente del Consejo Audiovisual de Cataluña, Lluís de Carreras, y profesores universitarios. Una de las aportaciones más relevantes de cuantas plantea el documento es la creación de una autoridad audiovisual independiente del poder político que pueda actuar "sin interferencias del Gobierno, de los intereses partidistas y de los poderes económicos o empresariales". Este órgano tendría competencias para regular el sistema audiovisual y supervisar que los medios, tanto los públicos como los privados, cumplan las leyes, así como sancionar a los infractores. El Parlament -o el Congreso, en el caso de los medios de ámbito estatal- elegiría a este órgano colegiado por una mayoría cualificada (dos tercios de la Cámara), lo que obligaría al consenso de los partidos, y por un periodo superior a una legislatura. Los miembros del mismo -presidente y consejeros- habrían de ser reconocidos expertos en comunicación. Su cargo sería incompatible con otros en empresas, públicas o privadas de comunicación, con excepción de la docencia. Los cargos no serían revocables y su duración máxima sería, según la propuesta, de dos mandatos. Esta Autoridad Audiovisual tendría determinadas competencias sobre todos los medios, tanto públicos como privados, entre ellas la de regular el espacio radioeléctrico y la de conceder y revocar las licencias de emisión, a través de un sistema "público, objetivable y transparente". En cuanto a los públicos, designaría y controlaría los equipos de gestión. Es decir, el director general y la mayor parte del Consejo de Administración. La propuesta colegial deja abierta la puerta a que representantes de la sociedad civil -sindicatos, entidades cívicas, colegios profesionales...- figuren en los consejos. Los objetivos y funciones de los medios públicos se establecerán en un contrato-programa plurianual, sobre el que el director general tendrá que rendir cuentas. Estos medios habrán de adoptar un estatuto de redacción y tener un comité profesional con representación en el Consejo de Administración. El documento no hace una propuesta de financiación de la radio y televisión pública. La vicedecana del colegio, Milagros Pérez Oliva, dijo que no se ha definido un modelo concreto porque esta cuestión está pendiente de resoluciones de la Unión Europea pero que en todo caso, debe garantizarse una financiación suficiente.