La Sindicatura de Cuentas tiene pendiente informar sobre Turismo

VIENE DE LA PÁGINA 1 El sindicato CC OO también denunció ante la fiscalía la existencia de una "caja B" en el consorcio con la que supuestamente se efectuaban pagos eludiendo el preceptivo control de los fondos públicos. Esta denuncia planteaba que la propia Intervención de la Generalitat había denunciado irregularidades en la gestión de la entidad en la época en que Joan Cogul era director del Consorcio de Turismo de Cataluña. La misma denuncia añadía que Cogul pagó servicios a la empresa de su esposa y favoreció a diversos amigos y al empresario Josep Maria Bertolí, propietario del hotel Quality Inn, para el que él había trabajado con anterioridad. José Manuel Cuenca, miembro de la ejecutiva de la federación de administraciones públicas de CC OO, afirma que su sindicato ha pedido en varias ocasiones públicamente "la transformación del actual consorcio en un organismo autónomo, que asuma a todo el personal que ahora tiene". Cuenca subraya la responsabilidad de Josep Cortadellas como presidente ejecutivo de Turismo de Cataluña en las irregularidades denunciadas ante la fiscalía. Auditorías La denuncia más antigua relacionada con la gestión del consorcio turístico corrió a cargo del diputado Joaquim Novella, de Iniciativa per Catalunya (IC-V), quien en mayo del año 1998 denunció ya diversas irregularidades relacionadas con el resultado de las auditorías efectuadas en el organismo. Las auditorías realizadas en el periodo 1991-1995 revelaban que el consorcio había acumulado un déficit de 523 millones de pesetas y que para evitar su cierre recibió transferencias por valor de 1.000 millones del Departamento de Industria, Comercio y Turismo. Aquellas auditorías ponían al descubierto un enorme volumen de pagos en estudios e informes sobre la situación del sector turístico a firmas que pertenecían a ex altos cargos del propio departamento y a personas relacionadas con el director del consorcio, Joan Cogul. Novella opina que "el escándalo de Turismo duró al menos seis años y asciende en total a más de 1.000 millones de pesetas". El diputado manifiesta su preocupación ante "la posible prescripción de alguno de los supuestos delitos cometidos". Joaquim Novella recuerda también la obligación que establece el vigente Código Penal para los funcionarios públicos, quienes han de perseguir los delitos de los que tengan conocimiento, "cosa que el consejero Antoni Subirà no ha hecho a pesar de las múltiples pruebas aportadas con relación a la irregular gestión del organismo turístico". En este sentido, Novella se pregunta qué ha pasado con el informe que encargó el Parlament a la Sindicatura de Cuentas en el mes de junio de 1998, del que no se tiene todavía noticia alguna pese al tiempo transcurrido.