El juez de Londres del "caso Torras" eleva la sentencia hasta 128.000 millones

El magistrado del Tribunal de Londres Jonathan Mance, que la pasada semana condenó a cinco ex altos ejecutivo de KIO y del Grupo Torras a indemnizar a esta última empresa mediante la devolución de más de 440 millones de dólares (70.000 millones de pesetas), decidió ayer incluir en la condena los costes legales del proceso y aprobó el sistema de cálculo de los intereses que se deben aplicar. En total, según fuentes próximas al caso, el importe final de la condena se situará en torno a los 800 millones de dólares, unos 128.000 millones de pesetas al cambio actual. El juez, que condenó a cuatro ex gestores -el ex presidente de KIO, Fahad Al Sabah; dos ex ejecutivos de KIO, Fouad Jaffar y Khaled Al Sabah, y al ex vicepresidente de Torras, Javier de la Rosa- por haber conspirado para defraudar a Torras, y al ex abogado de la empresa, Juan José Folchi, por asesorar de forma deshonesta a los anteriores, estableció ayer que éstos deberán pagar el tipo de interés simple más un punto sobre el interbancario de Madrid desde la fecha en que se cometieron cada una de las cinco operaciones fraudulentas y sobre el monto defraudado en cada una y que en su conjunto cubre el periodo de 1988 a 1992. Sin contar los costes legales del proceso, esto sumará unos 600 millones de dólares. El proceso de cálculo definitivo de esos intereses, según las fuentes consultadas, se prolongará durante varios meses.

Durante el proceso se han congelado bienes a los acusados por valor de unos 150 millones de dólares, declaró Nick Pearson, abogado de la firma Baker & Mackenzie, que representa al Grupo Torras en la demanda contra los ex directivos de KIO, según informa Efe.

Durante la sesión de ayer compareció ante el juez Juan José Folchi, quien manifestó que todavía no ha decidido si apelará o no a la decisión del magistrado, quien ha rechazado ya las peticiones para presentar un recurso de los kuwaitíes Fahad Mohammed al Sabah y Fouad Jaffar. Folchi argumentó que el nivel de culpabilidad de un conspirador no debe ser el mismo que el que lo asiste (como ha sido su caso), por lo que consiguió que el juez rebajara el grado de responsabilidad en el pago de los gastos. Aunque el abogado dijo que no había tenido tiempo para leer en profundidad la sentencia del juez, de unas 360 páginas, dijo haber observado algunas afirmaciones "erróneas o dudosas" en el mismo.

El juez indicó a Folchi que tiene 28 días para pedir por escrito permiso para apelar desde que se emita la orden del embargo, que puede producirse la semana próxima.

Posteriormente, el magistrado leyó en la sala una carta de Fahad al Sabah en la que pedía permiso para apelar, más por los errores en la sentencia que por negar su responsabilidad, y expuso 12 puntos por los que considera que puede recurrir a la misma, pero todos sus argumentos, uno por uno, fueron rechazados por el juez.

Los abogados del Grupo Torras rechazaron además los intentos de Miguel Soler, quien fue director financiero de Torras, y Plinio Coll, quien estructuró la contabilidad de las operaciones, para que les indemnicen de los gastos que han tenido que afrontar en este proceso.