Cultura de jubilación anticipada ANTÓN COSTAS

Telefónica pretendía hasta hace unos días jubilar a cerca de 800 trabajadores de 42 años, y mantiene vigente su propuesta de jubilación anticipada para más de 8.000 empleados mayores de 52 años. Tabacalera se plantea prejubilar a 1.500 trabajadores mayores de 50 años. Otras empresas españolas han llevado a cabo o están anunciando procesos similares de prejubilación a edades extremadamente bajas. Ocurre, además, que muchas de estas empresas tienen fuertes beneficios y, en un buen número de casos, han sido privatizadas recientemente. Las jubilaciones anticipadas fueron una medida excepcional de política laboral que se introdujo en los años ochenta para facilitar los procesos de reconversión de empresas con pérdidas cuya supervivencia estaba seriamente amenazada. Pero esa práctica se ha mantenido con particular intensidad y persistencia en los años noventa, cuando la situación financiera de las empresas ha cambiado y las amenazas de la competencia requieren otro tipo de medidas. El arraigo de esta conducta permite hablar de la existencia de una cultura de jubilación anticipada en España. ¿Nos debe preocupar esta práctica? ¿Por qué ha arraigado tanto? La prejubilación es una política laboral perversa. No sólo por lo que significa de carga sobre las arcas del Estado (100.000 millones de pesetas este año) y sobre la viabilidad del sistema de seguridad social, ni tampoco por lo que supone de carga para las empresas, que deben dedicar recursos importantes a complementar los ingresos de los prejubilados. Lo que me parece más perverso es otro tipo de efectos: por una parte, sobre la ilusión por el trabajo y la confianza en las capacidades de las personas de 40 o 50 años para adaptarse a las nuevas necesidades de formación que impone el cambio técnico y económico. Por otra, sobre la percepción que la sociedad tiene del derecho a una pensión justa. ¿Qué estímulo puede tener un empleado de una empresa para mejorar su formación y su rendimiento laboral si sabe que a la hora de llevar a cabo un ajuste de plantilla su empresa (como ocurre ahora) tomará como criterio la edad y no su capacitación y valía? Por otro lado, ¿cómo queda afectada la vieja idea tantas veces oída a nuestros mayores de que una pensión justa era la recompensa a una larga vida de trabajo? Pero más allá de estos efectos que considero importantes, hay otros interrogantes. ¿Por qué los sindicatos y los mismos empleados aceptan de bastante buena gana las prejubilaciones? ¿Por qué los directivos de las empresas son tan proclives a esta práctica que, sin embargo, puede afectar al buen funcionamiento de la compañía y a la calidad del servicio que suministra? Hasta donde conozco, la mayor parte de los empleados acaba aceptando la jubilación anticipada porque los incentivos son demasiado fuertes para resistirse. Se gana lo mismo (o más) prejubilándose que quedándose en la empresa. Los sindicatos, por su parte, han querido ver en las prejubilaciones un mecanismo para repartir el empleo y favorecer nuevas contrataciones. Pero los datos son tercos, sólo se cubre uno de cada cinco puestos de trabajo que quedan vacantes por prejubilación. Por su parte, las empresas (especialmente las que cotizan en bolsa y las privatizadas) se ven incentivadas a esta práctica por un miedo exagerado a la competencia y por el hecho de que los mercados ven con muy buenos ojos las reducciones de plantillas. Todos parecen tener motivos para aceptar esa cultura. Pero los resultados para la sociedad, la economía y el Estado son malos. Por eso considero acertada y valiente la denuncia que está haciendo el ministro de Trabajo, Manuel Pimentel. Las pensiones son demasiado importantes para el buen funcionamiento de la sociedad y el Estado como para que sigamos consintiéndola. El punto de partida para acabar con ella tiene que ser la anulación de los actuales beneficios públicos. Después vendrá la sensatez en los comportamientos empresariales y sindicales.