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Tribuna
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De ayer a hoy

No hace todavía un año que el PSOE avanzó una proposición de reforma de la Ley Electoral para las elecciones locales con la finalidad de garantizar que la lista más votada se convirtiera de manera automática en el Gobierno del municipio. Estuve y sigo estando en desacuerdo con la propuesta. En primer lugar, porque creo que el sistema electoral español tiene la virtud de ser homogéneo respecto de los tres niveles de Gobierno: estatal, autonómico y municipal, y dicha virtud debe ser preservada. En segundo, porque es un buen sistema, especialmente en los ámbitos autonómico y municipal, en los que los escaños a cubrir en cada circunscripción son lo suficientemente numerosos como para que la fórmula D"Hont opere de manera razonablemente proporcional. En tercero, porque la evidencia empírica de que disponemos no permite afirmar que con esta fórmula electoral se hayan generado graves problemas de gobernabilidad. Y, en cuarto y último, porque en un país con tan escasa tradición electoral democrática no tiene sentido cambiar la única fórmula que se ha aplicado de una manera razonablemente prolongada en el tiempo y con resultados razonablemente satisfactorios.

Pero sobre lo que quiero llamar la atención es sobre el hecho de que esta propuesta fue descalificada por todos los partidos en general y por el PP en particular como una especie de ruptura de las reglas de juego. El PSOE, con dicha propuesta, se nos decía, venía a marginarse del consenso con base en el cual se había construido el Estado desde el comienzo de la transición. Era una prueba más de la desorientación del PSOE y de su afán de llamar la atención de cualquier manera. El PP, por el contrario, era el partido serio que hacía suya la trayectoria seguida en la construcción del Estado y que no estaba dispuesto a dejarse arrastrar en aventuras poco meditadas.

Han bastado los resultados del 13-J para que el panorama haya cambiado de manera radical. El PP se ha convertido en el defensor a ultranza de que sea la lista más votada la que constituya el Gobierno municipal, denunciando no como "ilegales" pero sí como "ilegítimos y deshonestos" los pactos del PSOE con otras fuerzas para impedirle gobernar. El PSOE, por su parte, ha aprovechado la ocasión que los resultados del 13-J le han ofrecido para intentar llegar a acuerdos que le permitan gobernar en cuantos más municipios y diputaciones posibles.

Comprendo que pedir coherencia sostenida en el tiempo a las direcciones de los partidos no es ni posible ni deseable. La coherencia que se puede y se debe exigir en el ejercicio de cualquier profesión no es exigible en la política. La política es la única actividad no especializada por definición. Es la síntesis de todas las relaciones sociales. Y una síntesis que no es nunca igual a sí misma porque cambia permanentemente y de manera relativamente independiente de la voluntad de quienes en ella participan de manera profesionalizada. El canon de la coherencia en política es necesariamente distinto que en todas las demás profesiones sin excepción.

Pero dicho canon existe. No se valora a través de la crítica científica en revistas especializadas como ocurre en el ámbito académico. Pero se valora por los ciudadanos periódicamente. Y de una manera extraordinariamente dura y eficaz. El PSOE y el PP no deberían perderlo de vista. Ayer decía el coordinador de Izquierda Unida en Andalucía que IU había estado siempre contra el PP, pero que, en realidad, parecía que habían estado contra el PSOE. El resultado ha sido la pérdida del 50% del electorado. Eso mismo es lo que tienen que tener en cuenta quienes están pactando estos días. Los pactos dan poder. Pero el poder que dan puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Y el mañana siempre dura más que el hoy.

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