La 'competencia' europea, contra la 'capacidad' foral

Los incentivos fiscales a las empresas establecidos por las diputaciones vascas al amparo del Concierto Económico han sido un foco permanente de conflictividad: con el Gobierno central, con las comunidades limítrofes y, más recientemente, con la Comisión Europea (CE). La entrada en acción de Bruselas supone una amenaza mucho más grave para la libertad de maniobra de las haciendas vascas que los recursos judiciales interpuestos sistemáticamente por el Estado contra casi todas las normas fiscales propias aprobadas por las Juntas Generales (Parlamentos provinciales) de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya. Han consistido éstas, fundamentalmente, en sustanciosas exenciones y reducciones tributarias en el impuesto de sociedades (las llamadas vacaciones y minivacaciones fiscales), destinadas a fomentar nuevas inversiones en el País Vasco. Excepto en tres casos, el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior del País Vasco (TSJPV) han sentenciado a favor de la capacidad vasca para dictar normas fiscales diferenciadas y de su compatibilidad con la unidad básica del mercado español.

El último año, sin embargo, ha sido muy adverso para las tesis de las haciendas forales. La entrada en liza de la Comisión Europea (CE) ha puesto el foco de la cuestión no en la soberanía foral para aprobar incentivos fiscales, sino en los efectos de éstos sobre la libre competencia. La anulación por Bruselas, el pasado mes de marzo, de gran parte de las ayudas otorgadas a la multinacional coreana Daewoo para su instalación en Vitoria fue un primer aldabonazo.

El segundo golpe llegó pocos días después, con la apertura de un expediente por las ayudas concedidas a Ramondín (líder mundial en la fabricación de cápsulas de estaño para botellas) para que se trasladara de Logroño a Laguardia (Álava). Estos dos casos han llevado al comisario de la Competencia, Karel van Miert, a plantear la apertura de un expediente de infracción general contra el conjunto de los incentivos fiscales existentes en el País Vasco y Navarra, que la Comisión puede decidir en los próximos días.

El TSJPV, por su parte, ha anulado esta primavera los créditos fiscales de Álava y Guipúzcoa a las grandes inversiones (la posibilidad de recuperar con exenciones de impuestos el 45% de lo invertido), por considerar la norma desproporcionada y discriminatoria para las empresas con menor capacidad y las que se rigen por la norma tributaria estatal.