Tierra al asunto

LAS CONCLUSIONES de la subcomisión del Congreso formada para investigar la política de subvenciones del Ministerio de Industria no pueden ser más decepcionantes. El informe final, "pactado en el diálogo y la estabilidad de los grupos que apoyan al Gobierno", según el portavoz del Partido Popular, Ramón Aguirre, establece que "en ninguno de los expedientes analizados se han detectado indicios que pudieran presuponer la existencia de arbitrariedades o trato de favor hacia determinadas empresas o personas". El espinoso caso de la intervención del ministro de Industria, Josep Piqué, en la condonación de un crédito del ICO a la empresa que él presidió, Ercros, queda diluido, sin mención apenas, en las excelencias de "la política de subvenciones del Gobierno", alabada sin tasa en las conclusiones y repudiada por la oposición: PSOE, IU y Grupo Mixto. Éstos ya han anunciado que trasladarán a la Fiscalía Anticorrupción los expedientes de las subvenciones a Hullera Vasco Leonesa, Erkimia, Uría Motor, Otarraso, Palacio de Canedo, Castilleón 2000, Torcidos Ibéricos y, por supuesto, Ercros. Forma parte de la naturaleza de las comisiones y subcomisiones el que la mayoría parlamentaria tenga un peso decisivo en las conclusiones finales. Pero, incluso contando con este pie forzado, la parcialidad con la que el PP ha manipulado esta subcomisión y la terquedad con la que ha obstaculizado su tarea de investigación superan cualquier comparación posible. El PP boicoteó inicialmente la propuesta de crear una comisión investigadora y trató de subsanar las críticas con una subcomisión, dotada de menos poder. Después convirtió un procedimiento destinado a examinar actuaciones del actual Gobierno en una especie de causa general sobre la política de subvenciones de Gobiernos anteriores, y en el tramo final ha convertido el informe de conclusiones en una pieza de propaganda grosera, que en lugar de pronunciarse sobre la pintoresca concesión de ayudas mineras a empresas textiles o de cría de cerdos alaba las "mejoras evidentes" que el Gobierno del PP ha introducido en la legislación sobre ayudas públicas.

El trabajo de la subcomisión se ha visto permanentemente obstaculizado por el sectarismo del PP -que maniobró para clausurarla con nocturnidad y a espaldas de la oposición-, la falta de información detallada sobre algunos casos y la inexplicada ausencia de ex altos cargos de Industria cuyas declaraciones eran relevantes para demostrar algunas irregularidades. Si el PP pretendía exonerar políticamente a su ministro Piqué de cualquier mancha de arbitrariedad en el reparto de los dineros públicos y de su intervención en la condonación -o rescate, como él lo llama- de un crédito del ICO a su ex empresa, Ercros, ha fracasado en su intento. El rodillo parlamentario ha conseguido cerrar la investigación, pero no bastan los votos para convencer a amplios sectores de la opinión pública que siguen escandalizados. Las sospechas que pesan sobre el ministro portavoz no se han disipado.