Portugal investiga la venta de recién nacidos en las islas Azores

Era un secreto a voces que las autoridades no querían escuchar. Sin embargo, la denuncia de un programa de la televisión pública y el interés del Defensor del Pueblo han provocado que el fiscal general del Estado haya abierto una investigación sobre la venta de recién nacidos en la isla de Terceira, la segunda más poblada del archipiélago de las Azores. El comercio de niños se produce a cambio de ropas, alimentos o dinero (desde los 160 dólares en la década de los 60 hasta los 5.000 dólares actuales).

"Un tráfico inconcebible". Así ha calificado el Defensor del Pueblo, José Meneres Pimentel, lo que está ocurriendo en esa isla del archipiélago atlántico. El caso fue destapado la semana pasada cuando la delegación regional de la televisión pública portuguesa (RTP) difundió los testimonios de varias madres que reconocieron haber entregado sus bebés a otras familias de la isla, actualmente con una población de unos 60.000 habitantes, y a militares norteamericanos de la base de Lajes. El programa de la RTP-Azores mostró imágenes de Diana Fátima, un niña que fue vendida por un millón de escudos (unas 850.000 pesetas), y denunció el caso de Zelia Martins, quien admitió haber vendido cinco de sus seis hijos, debido a la falta de dinero para mantenerlos, así como por el maltrato que recibían de su padre. La madre, arrepentida, dijo que luchará en los tribunales para recuperarlos. Asimismo, Ana Paula Gomes reconoció haber entregado varios de sus hijos a un piloto norteamericano a cambio "de ropas y el pago de los alquileres atrasados de su casa".

La directora de la maternidad del Hospital de Angra (capital de Terceira), María Armas, sostiene que este tipo de casos son "bien conocidos" en los servicios del hospital, donde "las propias madres han reconocido, tras dar a luz de nuevo, que habían entregado a sus hijos a las llamadas madrinhas que, al perecer, se encargan de venderlos; algunas madres, incluso, afirman desconocer cuántos niños han tenido".

Gracias a una laguna legal o a una práctica ya establecida, los nuevos padres inscriben a los recién nacidos como hijos suyos en el Registro Civil, trámite que pueden realizar con la simple presentación de sus carnés de identidad, sin que les sea exigido el documento del nacimiento que les acredita e identifica como los auténticos progenitores. El diario Público explica que compradores y vendedores aprovechan ese vacío legal para realizar este "negocio", debido al "muro de silencio" que siempre ha rodeado estos casos en las instancias oficiales.

"Un futuro mejor"

Este comercio se inició en la década de los 60 y se ha generalizado en los últimos años, con una especie de "tarifas convenidas entre quien compra y quien vende". Público denunciaba ayer el caso de Beatriz Martins, cuyo su marido, un alcohólico crónico, vendió a su hija por 160 dólares en 1965, cuando el dólar costaba 32 escudos. La niña, ahora con 34 años, fue entregada a un militar norteamericano y vive en el estado de Virginia. Sabe que fue adoptada, pero nunca entró en contacto con su familia de las Azores. Por su parte, el abogado Luís Rafael do Carmo considera exageradas las afirmaciones de que ese comercio se haya generalizado, pero admite que, desde hace muchos años, se utiliza allí una expresión para atemorizar a los niños que han cometido una trastada: "Si no te portas bien, te vendo a los americanos". "Son historias de las que siempre se ha oído hablar, pero es muy extraño que el asunto sea destapado ahora", añade el abogado.

Tras la denuncia de la RTP, el subsecretario regional de Salud, Vitor Carneiro, ordenó una inspección urgente, pero asegura no haber encontrado irregularidades en la maternidad de Angra, donde nacen casi todos los bebés de la isla. Su inspección contrasta con la avalancha de testimonios y datos que han surgido en estos días, especialmente tras las primeras indagaciones de Meneres Pimentel. Sólo hay que conversar con algunas mujeres y los casos emergen inmediatamente. Algunas madres, de familias muy humildes, reconocen que los hijos han sido una ayuda providencial para sus economías: "Eran un boca menos para alimentar, les dábamos un futuro mejor y recibíamos una buena ayuda".

El Defensor del Pueblo expresó ayer su consternación y calificó de "extraño" que la Fiscalía no hubiese abierto una investigación sobre el caso.