Un comisario europeo quiere denunciar a España por los controles en Gibraltar

El comisario europeo de Mercado Interior, Mario Monti, quiere abrir un procedimiento de infracción a España por los controles del paso fronterizo de Gibraltar. Monti entiende que esos controles, que obligan a esperar entre dos y cuatro horas a quienes pretenden cruzar la verja en dirección a España, "son desproporcionados" y dificultan la libre circulación de personas y mercancías. El comisario español Marcelino Oreja se opone a la pretensión y subraya que las leyes actuales obligan a España a tomar estas medidas.

La iniciativa de Monti es consecuencia de las denuncias recibidas en la Comisión Europea por las colas que se producen para entrar a España desde Gibraltar. Su portavoz subrayó ayer que las medidas de control que está aplicando España "son desproporcionadas", aunque no quiso opinar sobre si una solución posible podría ser el envío de más guardias civiles a la frontera. "La Comisión nunca da recomendaciones sobre cuál es la solución a un problema, se limita a advertir sobre cuándo cree que se está incumpliendo la normativa comunitaria", declaró la portavoz del comisario. La iniciativa de Monti coincide con el veto español a una propuesta de directiva elaborada por su departamento para armonizar la legislación en materia de OPA (Ofertas Públicas de Adquisición) transnacionales debido precisamente a los problemas que puede generar para España la aplicación de esta norma en Gibraltar. También coincide con la intención del mismo comisario de denunciar al Reino Unido porque en Gibraltar se incumplen sistemáticamente al menos cinco directivas comunitarias relativas al sector bancario.

Gibraltar posee una situación particular en la UE. A efectos de tráfico de mercancías no goza de libertad de circulación porque no forma parte de la Unión Aduanera. Eso significa que "existe la obligación de exigir el pago de los derechos aduaneros y fiscales respecto de todas las mercancías que acudan a la Comunidad", subraya el gabinete del comisario Marcelino Oreja.

Este mismo comisario justifica también los controles de identidad a las personas por el hecho de que el Reino Unido, país que ejerce la soberanía sobre Gibraltar, "no ha suscrito el convenio de Schengen, por lo que el resto de Estados miembros no sólo pueden, sino que deben controlar sistemáticamente a las personas procedentes de Gibraltar a los efectos de comprobar su identidad". Fuentes próximas a Oreja recordaron ayer las largas colas que deben sufrir todos los ciudadanos europeos al acceder al Reino Unido.

Según estas últimas fuentes, la propuesta de Mario Monti "sólo cuenta con el apoyo de uno de los dos comisarios británicos, Neil Kinnock". Abiertamente en contra de denunciar a España estarían, además de Oreja, el también español Manuel Marín, el presidente Jacques Santer, la italiana Emma Bonino, los franceses Yves-Thibault de Silguy y Edith Cresson, el irlandés Padraig Flynn y el griego Christos Papoutsis.

Según estas mismas fuentes, la iniciativa de Mario Monti se debe a las presiones que está recibiendo desde el Reino Unido, donde la Cámara de los Comunes ha pedido que se abra ese procedimiento de infracción contra España, y las centenares de cartas de protesta recibidas en Bruselas y que "parecen responder a una campaña organizada por intereses gibraltareños". La Comisión ha recibido 7.000 quejas por las largas colas que se forman ante la Verja procedentes no sólo de ciudadanos británicos, sino españoles y de otros países.

España decidió el pasado 1 de febrero incrementar los controles en Gibraltar para acabar con el carácter "parasitario" de la economía del Peñón, en palabras del ministro español de Asuntos Exteriores, Abel Matutes. El ministro justificó esa decisión porque se trata de "un centro clásico y tradicional de contrabando". En esa frontera se han decomisado más de 20.000 cartones de tabaco de contrabando, según estimaciones de fuentes de la Comisión Europea.

Por su parte, el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, ha protestado en varias ocasiones por los controles impuestos por el Gobierno español, aunque se ha declarado dispuesto a solucionar los problemas por la vía del diálogo. Caruana declaró en mayo pasado que "los bloqueos no son eficaces para poner en peligro la economía de Gibraltar".