La ejecutiva de FAPA-Valencia impide a la gestora de los críticos entrar en la sede pese a la presencia policial

El conflicto abierto que viven las asociaciones de padres de alumnos de la provincia de Valencia registró ayer un nuevo capítulo con la presentación de dos denuncias contra la ejecutiva de la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de la Provincia de Valencia (FAPA-Valencia) y su presidente Toni Garcés. Garcés reaccionó enrocándose ante la destitución de los órganos de gobierno de la federación y su sustitución por una junta gestora acordada el pasado sábado. No reconoce a la gestora -elegida en una asamblea general extraordinaria-, ni acepta su relevo al frente de la federación. Por orden suya un guardia jurado impidió el acceso a los locales, abiertos tradicionalmente a todos los representantes de alumnos de la federación, de cualquier miembro ajeno a la ejecutiva relevada. "Aquí no entra nadie ni documento alguno" espetó a los agentes, a los representantes de la comisión gestora y al presidente de la Comisión de Arbitraje y Mediación de la FAPA, Carlos Costa, quienes acudieron a primera hora de la mañana de ayer. Ni acompañados por la Policía Municipal ni por los agentes del Cuerpo Nacional de Policía consiguieron atravesar la puerta de los locales de la federación, hacer llegar el acta de la asamblea del fin de semana -documento en el que se aprobó la destitución de la anterior ejecutiva- y tomar posesión de su nuevo cargo. Ante la postura de Garcés, la gestora reaccionó con sendas denuncias, correspondientes a los dos intentos de entrar, que derivaron en la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción número 12 de Valencia. Estas denuncias, sin embargo, no son las primeras. Se suman a otra la presentada el sábado contra el propio Garcés, a quien la gestora atribuye la orden de cambiar la cerradura de la sede, lo que impidió presentar entonces el acta de la reunión. Detrás de este conflicto se esconde una oposición a las posturas de "acercamiento hacia las posiciones oficiales" que está tomando la federación, según señalan miembros críticos hacia Garcés. Le acusan de prestarse a una "jugada" dirigida desde la Consejería de Educación destinada a "cortar el movimiento reivindicativo de los padres de alumnos". Uno de los principales instrumentos para difuminar el movimiento, señalan, consiste en la creación de la figura de los padres liberados, representantes que cobrarían a cargo de la consejeria por formar parte de la federación, con lo que se estaría "comprando la voluntad de los padres de alumnos".