El Ayuntamiento acusa de cohecho a 4 funcionarios por el "caso Paraíso"

No transcurrió mucho hasta que Herrero Cogorro estableció contacto con el funcionario municipal Carmelo García, a quien informó de sus "problemas" con la sauna. El empleado público, destinado en la Gerencia Municipal de Urbanismo, se ofreció entonces a resolverle sus dificultades, siempre según el escrito de acusación, a cambio de recibir 500.000 pesetas en efectivo y otras tantas cada tres meses. El dinero debía ser entregado a un colega de Carmelo, el también funcionario de Gerencia Municipal de Urbanismo Jerónimo Martínez. El dueño de la sauna facilitó algunos documentos a Martínez Fuentes, pero finalmente no efectuó ningún pago. Y el 15 de marzo de 1995 se llevó a cabo el precinto de dicha sauna como resultado de un decreto firmado por la concejal de Centro María Antonia Suárez.

El segundo caso que describe el escrito de acusación del Ayuntamiento de Madrid se remonta al 4 de noviembre de 1994 y arranca con una orden del edil de Centro que ordenaba el cese de la actividad de la sauna Príncipe, ubicada en la calle del Príncipe, 15, en Madrid. Esta vez, Herrero Cogorro, según la acusación municipal, se puso en contacto con Roberto Martínez, un delineante que había trabajado como funcionario interino en la Junta Municipal de la Villa de Vallecas hasta junio de 1993. Allí había coincidido con el jefe del negociado de Industria de Centro, Juan Bautista Beltrá.

El Ayuntamiento sostiene que el delineante se ofreció al dueño de la sauna para conseguirle, por 1,5 millones de pesetas, la licencia de actividad; realizar el proyecto de obra y su tramitación y licencia, así como a paralizar el citado precinto. "A ello accedió Francisco Herrero Cogorro, quien previamente había entregado a Roberto Martínez 110.000 pesetas por personarse en la Junta Municipal y examinar el expediente", señala el texto de los abogados municipales.

Poco después, el delineante presentó a Herrero Cogorro al jefe de negociado de Industrias de Centro. Este funcionario, siempre según la acusación, le indicó que "podría paralizar el precinto". Acto seguido, la clausura de la sauna Príncipe, que se iba a practicar el 3 de mayo de 1995, no se llevó a cabo.

Posteriormente, el dueño de la sauna "rompió el acuerdo" cuando el delineante aumentó supuestamente a tres millones de pesetas la suma solicitada para presentar el expediente en el Ayuntamiento con el fin de obtener la licencia de actividad.

Roto el trato, Herrero Cogorro recibió notificación de que su local iba a ser precintado el 20 de octubre de 1995. El dueño de la sauna pidió entonces que el funcionario Beltrá paralizase la clausura. El jefe de negociado le indicó que necesitaba 150.000 pesetas para preparar el recurso. Pero el remedio no surtió efecto. El local fue precintado en la fecha prevista.

Cerrado el establecimiento, Herrero Cogorro acordó con el jefe de negociado de Centro que hiciese las gestiones necesarias para conseguir la licencia de apertura y actividad de las saunas Príncipe como Paraíso. Ambos casos confluían. A cambio del servicio, siempre según la acusación, percibió 100.000 pesetas mensuales de octubre de 1995 a mayo de 1996. Parte de este dinero se destinó al pago del alquiler de la vivienda de Beltrá.

El tercer caso detallado por la acusación corresponde a la empresa de control de calidad TUV. Su director "tenía dificultades para la obtención de la licencia de actividad e instalaciones" de unas oficinas. Por ello entregó un cheque de 5.050.000 pesetas "como pago a Carmelo García por su mediación encaminada a la obtención de la licencia". El cheque, no obstante, iba a nombre de un ingeniero industrial - Francisco Garrido, imputado por cohecho- que había firmado un proyecto nunca ejecutado de mejora de las oficinas. Garrido endosó el cheque a un tercero, que lo cobró y le entregó el dinero a Garrido. Éste se quedó con 400.000 pesetas y entregó el resto, siempre según la acusación, al jefe de Industria de Moncloa-Aravaca "para que lo hiciese llegar a Carmelo García, que estaba de vacaciones".