Trabajo ultima la redacción de los convenios para el salario social

Los perceptores del salario social tendrán que acreditar a través de unos convenios de inserción que tratan de integrarse en la sociedad y que no sólo pretenden cobrar las ayudas sin ningún tipo de contraprestación. El Departamento de Justicia, Trabajo y Seguridad Social cerrará con el decreto sobre los convenios de inserción el desarrollo de la Ley de Exclusión Social, integrada también por los decretos sobre el Ingreso Mínimo de Inserción (IMI) y las Ayudas de Emergencia Social (AES). El Consejo de Gobierno dará luz verde a la nueva orden después del verano, dado que aún restan los informes de legalidad y económico. Los convenios de inserción constituyen una novedad respecto a la dinámica seguida hasta el momento en la política de ayudas sociales, más encaminada a la prestación de unos mínimos para paliar las situaciones de precariedad, pero olvidándose en cierta medida de la reinserción efectiva. Ahora, los beneficiarios del IMI se comprometerán, con su firma en un contrato, a buscar activamente un trabajo (realizando cursos de formación, tanto básica como ocupacional), a acudir a programas de ayuda psicológica y de adaptación social o a someterse a un programa de desintoxicación de drogas, en el caso de que el beneficiario sea toxicómano. Los convenios, que se sucribirán de forma individual, podrán ser anulados si el beneficiario interrumpe su proceso de reinserción. Incorporar a todos El consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, recalcó la idea de que con estos convenios "se pretende ir más allá del simple hecho de dar unas ayudas económicas. No sólo hay que darles el pez, se trata de enseñarles a pescar. Además del IMI y las AES, pretendemos reinsertar a los más desfavorecidos en la normalidad de nuestro sistema social incorporando a todos al mercado laboral". Todos los titulares del IMI estarán obligados a suscribir un convenio con los servicios sociales de los ayuntamientos. Los contratos también podrán incluir como destinatarios a cualquier persona que lo solicite y que, en opinión de los asistentes sociales municipales, requiera una intervención o actuación específica para la inserción. El decreto dota de protagonismo a los ayuntamientos al entender que son quienes mejor pueden detectar a las personas en situación de riesgo o exclusión social. También pueden establecer con más conocimiento de causa el diagnóstico de las necesidades del perceptor de la ayuda, la negociación, elaboración y posterior seguimiento de los convenios, así como su suscripción y, en su caso, suspensión temporal si el beneficiario incumple alguna de las condiciones. Alrededor de 16.000 personas se beneficiarán este año del IMI, que ha aumentado su cuantía un 8,9%, la mayor subida desde que se implantó en 1989. Así, los beneficiarios recibirán un mínimo de 46.150 pesetas al mes.