PP y PSOE critican la próxima reunión de Caruana y Gil en Gibraltar mientras Exteriores guarda silencio

El anuncio de la entrevista que previsiblemente mantendrán este jueves Jesús Gil, presidente del GIL y alcalde de Marbella, y el ministro principal de Gibraltar, Peter Caruana, ha suscitado abiertas críticas en el PP y en el PSOE y un significativo silencio en el Ministerio de Asuntos Exteriores. "No hay comentarios", respondió lacónicamente un portavoz de la Oficina de Información Diplomática (OID) en un intento de restar toda importancia a esta reunión. Gil acudirá a Gibraltar como presidente del Grupo Independiente Liberal (GIL), partido que el 13-J consiguió la mayoría absoluta en la Línea de la Concepción, localidad limítrofe con Gibraltar que padece los efectos de la política de "palo y zanahoria" que Exteriores aplica a la colonia británica.El senador del PSOE y ex presidente de la Mancomunidad del Campo de Gibraltar, José Carracao, advirtió ayer de que Gil podría intentar "chantajear" al Estado con la amenaza de establecer relaciones especiales con Gibraltar. El GIL ha conseguido 17 concejales en La Línea en las recientes elecciones munipales.

Para el portavoz del Partido Popular, Rafael Hernando, la entrevista de Jesús Gil y Peter Caruana es "impresentable", ya que con este tipo de iniciativas no se contribuye en nada a "la estabilidad" de la zona del Campo de Gibraltar.

El Gobierno español decidió hace meses endurecer los controles en la verja de Gibraltar, lo que perjudica a la economía turística del Peñón y repercute, indirectamente, en la comarca gibraltareña ya que hay muchos trabajadores que viven de sus empleos en la colonia británica.

Pecisamente ayer Peter Caruana intervino ante un comité de las Naciones Unidas en Nueva York para reclamar, un año más, que se reconozca el derecho de autodeterminación a la colonia británica. En un discurso ante el "Comité de los 24", Caruana pidió a este organismo de la ONU encargado de estudiar los procesos de descolonización que "examine y condene la presión sistemática impuesta por España" con el único objetivo de denegar el "derecho al desarrollo económico, social, cultural y político" de Gibraltar.