Orefici reconoce que usó las ayudas a Intelhorce para avalar la compra

El principal acusado en el juicio del caso Intelhorce, el empresario italiano Giovanni Orefici, admitió ayer que utilizó parte de las ayudas públicas recibidas del Estado para el saneamiento de la fábrica para avalar la operación de compra. Así reconoció que recibió del Banco Exterior de España 1.869 millones de pesetas en dos talones con los que garantizó un aval de 2.000 millones en los que el Estado fijó el precio de venta de la fábrica. Es decir, Orefici utilizó bienes del objeto comprado en poder hacer frente a la compra.

Si negó Orefici en el interrogatorio de ayer que él solicitara hacer la operación de esa manera y que fueron representantes del Banco Exterior de España quienes le informaron de cómo debía proceder para poder firmar las escrituras de compra de Intelhorce en agosto de 1989. Para facilitar la privatización, el Gobierno aprobó un plan de saneamiento de la emblemática fábrica textil malagueña que incluía la aportación de 5.869 millones de pesetas al comprador para que éste realizara una ampliación de capital una vez adquirida. A ese capítulo correspondían los talones de 1.869 millones con los que Orefici pudo contragarantizar un aval para poder hacer frente al precio de compra. El aval lo prestó la entidad Fianzas y Créditos. Orefici ya había declarado con anterioridad que carecía de la solvencia suficiente para hacer frente a una operación de la envergadura de la compra de Intelhorce. Ayer admitió que utilizó de esta manera parte de los fondos públicos que debían emplearse en el saneamiento de la factoría. Aseveró que tres días después de la firma de las escrituras, el 7 de agosto, devolvió el dinero mediante un préstamo de la empresa. El empresario italiano negó por otro lado que en las gestiones que realizó para la compra de Intelhorce intervinieran los abogados José Luis Castillo y Adolfo Martos Hinojosa, que también están sentados en el banquillo de los acusados. Ambos letrados son compañeros de bufete de José Manuel Muñiz, que fue el asesor de Orefici en los trámites previos a la privatización y luego ocupó el cargo de secretario del consejo de administración. Muñiz no está sentado en el banquillo debido a que un informe pericial certificó al comienzo de la vista su incapacidad para hacer frente al juicio por su estado de salud. Orefici está acusado de ocho delitos por los que la fiscalía solicita penas que suman 33 años de prisión. La vista se reanudará hoy con el interrogatorio a Orefici de su propio abogado defensor. A continuación está previsto que preste testimonio José Miguel Moreno García, uno de los ex altos cargos de la Administración procesados. Moreno García fue presidente de la empresa pública Improasa, sociedad que se encargó de gestionar la privatización de la fábrica textil, y que está acusado de haber favorecido los intereses de Giovanni Orefici a cambio de una comisión de 30 millones de pesetas, según la acusación pública. Según la fiscalía, Moreno García pactó con Muñiz y Orefici un plan preconcebido para que el empresario italiano fuera el adjudicatario de Intelhorce. Según esta versión, envió los cuadernos de compra a numerosas empresas textiles, pero sólo informó a Orefici de los planes de saneamiento que el Gobierno tenía proyectados acometer en Intelhorce antes de venderla. Ni Benorne ni Benservice, las dos sociedades a través de las cuales Orefici compró la fábrica, tenían experiencia en la producción textil y ninguna de ellas tenía radicada su sede en España.