Decenas de refugiados malviven en las calles de Valencia mientras se estudia su petición de asilo

A una buena parte del centenar de refugiados que acuden cada mes a los locales de la Cruz Roja en Valencia les aguarda una estancia de varias semanas durmiendo a la intemperie, en el Jardín del Turia o en cualquier otro recodo de la ciudad, mientras la Administración decide si admite a trámite o no su petición de asilo. Un proceso que suele durar alrededor de un mes y medio. Mika Paños, responsable de inmigración de Cruz Roja, cifra en 1.200 los refugiados que llegan cada año a Valencia. "El flujo es constante durante todo el año", precisa.

En su mayoría proceden de países del Este como Armenia, Moldavia o Georgia, aunque no faltan los latinoamericanos de Colombia o Ecuador, y los que llegan del África subsahariana. Nada más llegar, los remiten a los albergues para transeúntes de la ciudad, como la Casa de la Caridad o San Juan de Dios. Pero allí, como al resto de huéspedes, sólo les permiten estar unos pocos días, porque hay pocas plazas y mucha demanda. Para los casos "más vulnerables" de familias con mujeres y niños, Cruz Roja busca alojamientos excepcionales. Pero la gran mayoría, los varones adultos y solteros que no tienen parientes ni amigos que les puedan acoger, "se quedan en la calle", explica Paños. Porque hasta que no se admita a trámite su petición de asilo la Administración no les concede ninguna prestación asistencial. María José Plaza, una de las profesionales de Cruz Roja que atiende a los refugiados, subraya que muchos tienen estudios superiores y que durante toda su vida han disfrutado de un trabajo y una vivienda digna. "Sufren un desequilibrio emocional al quedarse en la calle", lamenta. Tan fuerte que muchos no se recuperan y deciden volver a su país o mantienen conductas antisociales cuando por fin se admite a trámite su petición de asilo. Afirma que el 60% de las peticiones de países del Este se admiten a trámite. Plaza denuncia que, al vivir en la calle, casi todos sufren robos y agresiones, y que abundan los casos de heridas que se infectan y de resfriados que acaban en neumonías. Su aislamiento se agrava, además, porque muchos sólo hablan su lengua materna. "Muchos", asegura, "acaban deambulando por varias provincias como carne de cañón de la explotación laboral o la prostitución". Cruz Roja advierte de que la situación ha empeorado en las últimas semanas. Hasta el punto de que, el pasado viernes a las 10.20, un refugiado armenio de unos 30 años se autolesionó en un brazo con una cuchilla en las oficinas de Cruz Roja, desesperado porque la Policía no le dejaba dormir en el Jardín del Turia, no le prorrogaban la estancia en los albergues y a su petición de asilo aún le quedaba un mes de espera. Otros refugiados, muy excitados, han protagonizado diversas protestas y han amenazado con encerrarse en estos locales. Para resolver el problema, Cruz Roja reclama a la Administración la creación de un centro específico de inmigrantes en el que pudieran alojarse, asearse y sentarse a arreglar sus trámites burocráticos estos refugiados. Paños insiste en que sólo así podrían "atender en condiciones a estos refugiados" y se evitaría que ocuparan las plazas de los transeúntes en los albergues. También permitiría, en su opinión, que estas personas contactaran con sus familiares en sus países de origen para que les enviaran documentos que prueben que sufren una persecución política, y que pudieran buscar un empleo para lograr el permiso de residencia y no ser expulsados si les deniegan la petición de asilo. "Cuando no sabes dónde dormirás esta noche", sentencia Paños, "tu cabeza no está para pensar en otras cosas". Pero ahí no acaban los problemas. A la falta de un techo se une muchas veces una insuficiente, y en la mayoría de las veces nula, atención sanitaria. Según denunció recientemente la Mesa de entidades de Solidaridad con los Inmigrantes -entidad integrada por varias organizaciones no gubernamentales (ONG) y sindicatos- la Consejería de Sanidad no ha cumplido su compromiso de cubrir la asistencia sanitaria de los inmigrantes indocumentados que se hallan en toda la Comunidad Valenciana. Así, el Consell se comprometió a aprobar un decreto antes de elecciones para permitir que toda persona empadronada (los indocumentados pueden inscribirse en el padrón) tenga cobertura sanitaria, pero la promesa no se ha cumplido.