"La acusación de politización es infundada"

Rafael Navas es el máximo responsable de la Cámara de Cuentas de Andalucía, un órgano que, a su juicio, debe adquirir más competencias. Por este motivo, ha remitido un informe a los cuatro grupos con representación en el Parlamento andaluz con los criterios básicos para reformar la ley por la que se constituyó esta institución.Pregunta. ¿Por qué es necesario modificar la ley de la Cámara de Cuentas? Respuesta. La ley necesita una actualización. En el funcionamiento externo hay cosas que tocar, como por ejemplo la ampliación de competencias, incorporando la misma línea de otros órganos de control autonómico como los de Cataluña o el País Vasco. Habría que incentivar también que las conclusiones de la Cámara respecto de administraciones y empresas públicas sean más efectivas. P. ¿Por qué propone que se recoja a la Cámara en el Estatuto de Autonomía? R. El Estatuto de Autonomía no recoge a la Cámara de Cuentas entre sus instituciones de autogobierno. La Cámara de Cuentas se creó modificando la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, y se la ha dejado relativamente descolocada. Por ejemplo, las cuentas electorales de Andalucía se fiscalizan en el Tribunal de Cuentas. Cuando Andalucía celebra unas elecciones autonómicas lo lógico es que las cuentas electorales las revise la Cámara de Cuentas. Si la previsión de la Cámara fuera estatutaria, la competencia en esta materia sería indudable. P. ¿Cree que la contabilidad electoral es algo que puede asumir ya la Cámara? R. Sí, sí. Ya ha habido reuniones en Madrid para dar las directrices respecto de las cuentas de las elecciones del 13 de junio. A esas reuniones ha asistido personal de la Cámara precisamente con la intención de que en el futuro las cuentas de las elecciones, al menos de las autonómicas, se puedan revisar en Andalucía. P. En los últimos meses, la oposición ha criticado en el Parlamento que parte del presupuesto de la Junta se gestione a través de empresas públicas y que esto provoca ausencia de control. R. Ahí lo que se critica no es tanto la ausencia de control sino lo que se llama la fuga del derecho administrativo. En materia de personal y de contratación, fundamentalmente, esas empresas aplican una normativa distinta. Éste es un mal que se da en todos los niveles de la administración y que es común en los países occidentales. El objetivo es la búsqueda de una mayor flexibilidad y agilidad en la gestión, eludiendo la aplicación de las normas más rígidas de la administración pública. P. ¿Esa flexibilidad puede conducir a cierta opacidad en el gasto público? R. No necesariamente. Las cuentas de las empresas públicas se pueden revisar con la misma intensidad. Lo que se busca no es la ausencia de control, sino eludir una normativa más rigurosa en materia presupuestaria. P. ¿Cómo se puede mejorar la relación de la Cámara de Cuentas con el Parlamento? R. Haciendo un esfuerzo todos. Una de las críticas más continuas que hace la oposición en el Parlamento es que dedicamos una atención proporcional menor que antes a la administración autonómica. Lo que ocurre es que la Cámara de Cuentas tiene que fiscalizar otros sectores que forman del sector público de Andalucía, como los ayuntamientos, las diputaciones, las empresas públicas o las universidades. Que tenemos que prestar atención prioritaria a la administración autonómica, es cierto, pero se viene haciendo, no se ha hecho excusa ni excepción. Ese problema se ha desenfocado en exceso, aunque tiene un cierto fondo de realidad, pero no podemos atender sólo a lo que pida oposición, cuyo interés primario es que fiscalicemos sólo a la administración autonómica. P. En sus informes sobre las corporaciones locales reseña que a menudo faltan datos o que no colaboran como debían. R. Esto, paulatinamente, se va resolviendo. Por ejemplo, las últimas leyes de acompañamiento van estrechando las posibilidades de los ayuntamientos para endeudarse si no han presentado la liquidación presupuestaria. P. ¿Qué personal precisaría la Cámara de Cuentas para asumir nuevas competencias? R. La Cámara de Cuentas tiene ya una dimensión que no permite hacerse esperanzas muy alegres. Estamos en torno a 110 funcionarios y una Cámara de Cuentas ideal podrá tener algo más de 150 funcionarios. Eso pensando en un nivel de competencias muy utópico. P. ¿Se valora suficientemente a la Cámara de Cuentas? R. El personal especializado y personas con un grado de politización más alto que el resto de los ciudadanos valoran el trabajo. En el terreno más propio de la opinión pública, no hay que ocultar que la Cámara de Cuentas ha recibido ataques y críticas que han afectado a uno de sus elementos fundamentales, la credibilidad. Y han afectado a la credibilidad porque se dice que la Cámara está politizada y que los informes que se hacen, cuando afectan a una cuestión sensible políticamente, son propensos a darle la razón a la mayoría o al partido mayoritario y que lleva el gobierno en Andalucía. Ésa es la crítica que se hace. P. ¿Están fundadas esas críticas sobre la politización? R. Creo que la actuación de la Cámara desmiente esa crítica. El pleno de la Cámara se pronuncia con criterios técnicos. Yo veo que los consejeros manifiestan, según su leal saber y entender, lo que creen oportuno en cada caso. En todos los informes los consejeros han dicho qué debe cambiarse o añadirse. Ésa me parece una acusación infundada. Otra cosa es que efectivamente todos los miembros de la Cámara tienen su ideología, pero eso ocurre en todas las actuaciones públicas de las instituciones. A nadie se le puede privar de su mentalidad o de su forma de pensar a la hora de enfrentarse con los asuntos. Que esa mentalidad trascienda en la forma en que cada uno se pronuncia es algo que ocurre en la judicatura, en el Tribunal de Cuentas, en el Gobierno o en cualquier otra institución. P. ¿Habría alguna fórmula para alejar cualquier viso de politización de la Cámara de Cuentas? R. A mí no se me ocurre. Las que se proponen, como nutrir la Cámara de Cuentas sólo de profesionales, tampoco arreglan el asunto. Esos profesionales, al final, también tendrán su ideología. Por tanto, ése es un problema que no tiene solución y en el que hay mucha mitología. Lo que subyace en esta idea es una imagen que no existe en la realidad. Se piensa que los órganos de control deben estar en manos de la oposición. Bueno pues que se diga donde es eso así. ¿Dónde se ha creado ese mito? En España, los órganos de control externo se nutren sobre la base de lo que deciden los parlamentos, que proponen a las personas que consideren. Por tanto, hay una mitología creada de que por ahí hay una independencia absolutamente garantizada y que procede de no sé que formas de seleccionar las instituciones que no existe en la realidad. P. Entonces, ¿el sistema de cuotas es un mal menor? R. No, no. Lo que pasa en Andalucía es que en la ley, desgraciadamente, y eso hay que modificarlo, se hace una referencia expresa a que los grupos parlamentarios tendrán derecho a representación en la Cámara de Cuentas. Eso ocurre en el Estado, pero no lo dice expresamente la ley. Lo que me parece mal es que la expresión legal sea tan clara. En definitiva, es un problema de expresión legal, pero no sustancial. Ese mito de que necesariamente los órganos de control están en manos de la oposición y, por consiguiente, sirven a la oposición, me parece hablar de las estrellas, pero no de la realidad.

"Las críticas que ha recibido la Cámara de Cuentas han afectado a su credibilidad"