Financieros portugueses califican de "injerencia" las críticas de Guterres al acuerdo BSCH-Champalimaud

Las violentas críticas del primer ministro portugués, António Guterres, al acuerdo entre el Banco Santander Central Hispano (BSCH) y el grupo Champalimaud constituyen "una injerencia inadmisible en negocios que afectan a empresas privadas, donde el Gobierno no tiene ninguna competencia", según explicaron ayer en Lisboa diversos financieros y empresarios de ambos países. No obstante, dichas fuentes reconocen que el BSCH y el grupo Champalimaud cometieron "una grave falta de tacto, al no informar previamente de la operación" al Ejecutivo de Lisboa. Los citados financieros afirmaron ayer a este periódico que las declaraciones de Guterres ("Portugal no es una república bananera y el Gobierno defenderá el interés nacional y la preservación de la dignidad del Estado") vienen a "enturbiar las estables relaciones entre ambos países", después de que se hubieran, prácticamente, superado las susceptibilidades y recelos mutuos. El Gobierno socialista de António Guterres, a su juicio, "ha dado un paso atrás" en la progresiva normalización de estas relaciones, resucitando los "fantasmas nacionalistas y provincianos del pasado" cuando estamos en la Europa sin fronteras.

Los medios citados reconocen que el jefe del Gobierno portugués ha dejado "bien claro" que intentará por todos los medios legales impedir o atrasar ese acuerdo, pero rechazaron que el Ejecutivo pueda vetar la operación por razones meramente políticas, o denominadas de "interés nacional", como sugiere la prensa portuguesa. Dichos financieros consideran que el Gobierno de Lisboa "no tiene competencias para vetar ese acuerdo y, si lo hiciera, sería inmediatamente rectificado por Bruselas".

Fuentes del grupo Champalimaud calificaron ayer de "inútil" cualquier polémica con el Gobierno de Lisboa y afirmaron que las insólitas declaraciones de Guterres, un político extremadamente prudente, han "tratado de tocar, una vez más, las teclas del antiespañolismo, un método recurrente entre los políticos portugueses para ganarse a la opinión pública".

El presidente de Cabelte, Neiva de Oliveira, afirmó ayer al Diário Económico que estos hechos demuestran "una actitud provinciana que intenta impedir unas negociaciones libres".

Por su parte, representantes sindicales se reunirán hoy con el director general de Medios y Recuros Humanos del BSCH, Baldomero Falcones, para estudiar la propuesta del banco de incrementar en 1.150 las prejubilaciones este año y la reducción a 52 años de la edad de prejubilación. Según los sindicatos, el banco ha gastado ya 45.000 millones de pesetas en reducir plantilla, lo que supone una indemnización media de 32,14 millones para los 1.400 trabajadores que se han acogido al plan de bajas.

Por otro lado, la agencia de calificación de riesgos Moody"s cambió ayer de "negativa" a "estable" la perspectiva de su clasificación para la deuda a largo plazo del BSCH al reducir el banco su exposición en Latinoamérica como resultados de la fusión.