Los peritos dicen que Conde conocía la grave situación del banco en 1993

Los peritos judiciales Juan Román y Juan Carlos Monje, inspectores del Banco de España, concluyeron ayer su informe sobre el caso Banesto con el capítulo de los artificios contables, tema en el que aseguraron que la entidad no reflejó su imagen fiel en varios ejercicios y que el equipo de Mario Conde conocía la gravedad de la situación del banco, habida cuenta que propuso un plan de saneamientos de 372.000 millones, frente a los 503.000 millones detectados por el banco emisor a 30 de junio de 1993.

Tras dos horas de preguntas sobre las operaciones de Isolux y Promociones Hoteleras, dos presuntas estafas en las que se benefició Euman Valyser -grupo que, según los peritos, pertenece a Mario Conde-, las acusaciones y las defensas pasaron al tema de los artificios contables, uno de los delitos contemplados por la querella criminal contra los ex administradores de Banesto. Román explicó que el banco estaba en situación de quiebra técnica al 30 de junio de 1993, fecha de la última inspección realizada por el Banco de España, previa a la intervención de Banesto.

"La quiebra es un concepto legal por tanto, lo que decimos, es que [Banesto] estaba en situación de quiebra técnica. Los recursos propios del banco eran inferiores a los saneamientos necesarios", aseguraron los peritos. Los 503.000 millones de déficit detectados a 30 de junio de 1993 se incrementaron, a 31 de diciembre de 1993, hasta 605.000 millones. Esta cifra es la que se conoce como el déficit de saneamientos o agujero de Banesto.

Preguntados acerca de si los ex administradores conocían esta situación, Román narró que la cifra de saneamientos no era producto de unos meses, sino que se arrastraba en varios ejercicios. "En nuestra opinión los antiguos administradores conocían los graves problemas y la infinidad de saneamientos necesarios", dijo.

El fiscal preguntó si esos saneamientos deberían haberse contabilizado [antes de la crisis que dio lugar a la intervención del banco], a lo que Román contestó que sí: "Si se hubieran contabilizado, no habría habido artificios, en cambio se hubiera reconocido la quiebra técnica". Durante el interrogatorio de Jesús Castrillo, abogado del acusado Rafael Pérez Escolar, se planteó el tema del valor de la acción de Banesto, al reanudarse su cotización.

Román narró que al comentarse en el Banco de España, en febrero de 1994 que el precio de la acción fijado por los nuevos administradores era de 400 pesetas por título, él mismo, Román, pidió permiso, en broma, delante del gobernador Luis Ángel Rojo, y del director general de la inspección, Manuel Zamanillo, para solicitar créditos y comprar acciones al precio de 400 pesetas. "El gobernador preguntó si eso quería decir que el banco estaba sobredotado [esto es, se habían hecho mayores provisiones de las necesarias]. Yo expliqué que no; lo que pasaba era que el precio de una acción bancaria nunca es su valor teórico. Por ello era previsible que la cotización fuera bastante más alta, como ocurrió", explicó.

En el turno de preguntas de AGF-Unión Fénix, el letrado Luis Muñiz preguntó si las operaciones no contabilizadas en los años 90, 91 y 92 (las del 93 fueron objeto del análisis pericial) acaso no significaban una vulneración de la imagen fiel de los balances de la entidad, y enumeró en cada año dichas emisiones. Los peritos dijeron que en efecto así era.