Menosprecio de la corte y alabanza de la aldea gobal

"Que viva España", gritan, "yo más fuerte que tú", los líderes de los partidos estatales. Habiendo renunciado los unos al Cara al sol y los otros a la Internacional convergen ambos en Manolo Escobar. ¡Qué antiguos! Afirmarse a estas alturas como realidad política esencial, superior a cualquier otra, es reclamar un monopolio tan peligroso como patético. Peligroso porque exacerba otros "nacionalismos", patético por lo que tiene de absurdamente retrógrado. Obvio que España existe. Pero existen ámbitos que requieren una democratización y que en muchos casos se imponen al Estado, los que se denominan internacionales o supraestatales. Y también existen políticamente las entidades "subestatales", las ciudades y las regiones, más aún si, como ocurre en España, algunas tienen fundamentos propios, antiguos o recientes, poco importa. Y resulta francamente irritante que gobiernos y partidos estatales, en vez de ser motores de la democratización de los entes supraestatales, los congelen en su naturaleza intergubernamental excluyente. Y además se escandalicen porque ciudades y comunidades autónomas reclaman un reconocimiento político que se les regatea cicateramente. Respecto a Europa, sorprende ya el absurdo sistema electoral. Sería mucho más lógico un sistema mixto en el que un tercio, por ejemplo, de los diputados fuera elegido en listas de ámbitos europeos y dos tercios por ámbitos regionales o locales. Se establecería, por una parte, una relación efectiva entre los territorios y los electos y, por otra, se garantizaría el debate sobre las cuestiones europeas. Otra propuesta: la participación de los gobiernos de las comunidades autónomas en los consejos ministeriales de la Unión Europea. Y facilitar la constitución de "regiones europeas transfronterizas" como ámbitos estratégicos.

La relación entre el Estado español y las comunidades autónomas (CCAA) no es un proceso ni terminado, ni es una simple cuestión histórica. Influyen los efectos de la globalización, la inserción de España en la UE, la importancia adquirida por los espacios urbano-regionales como ámbitos económico-sociales, y en cambio, la pérdida relativa de autonomía de las políticas estatales en el mismo aspecto. Y por otra parte, el dinamismo político-cultural y la afirmación identitaria que se ha manifestado progresivamente no sólo en las CCAA "especiales", sino también en la mayoría de las otras. Se plantea, pues, la necesidad de un nuevo pacto que establezca un marco más contractual que jerárquico para las relaciones entre el Estado y las CCAA. En vez de retóricas exaltaciones "españolistas", mejor sería crear de una vez mecanismos políticos propios del federalismo, como conferencias periódicas de presidentes de gobierno del Estado y de las CCAA, Senado como cámara legislativa territorial y desarrollo de un modelo de Administración única en el territorio, lo cual facilitaría considerablemente la vida de los ciudadanos.

Por último nos queda la cuestión de la relación de las CCAA con las ciudades y entes locales. Puede o debería ser el lugar más favorable a la innovación política y sin embargo no lo es. Los gobiernos autonómicos tienden a reproducir los vicios centralistas, uniformistas y burocráticos que critican en el Estado. Y también pretenden en ocasiones justificarlo con una ideología esencialista. Algunas propuestas para contribuir a simplificar estas relaciones serían: a) la disolución de todos los entes intermedios entre las CCAA y los municipios y su sustitución por estructuras de cooperación entre ambos o entre municipios de carácter flexible y voluntario; b)Cultura de gobierno compartido entre el gobierno de la CA y los alcaldes de las principales ciudades. Conferencias regulares entre ambos. El alcalde de la capital podría formar parte del gobierno de la CA; c)Reducción del marco político legal de los municipios a los principios constitucionales para que puedan innovar en procedimientos electorales, organización y participación ciudadana, etcétera.

En conclusión, debemos asumir que los ciudadanos hoy, como si naturaleza divina tuvieran, son unos y trinos: europeos, españoles y vascos, andaluces o lo que fueren. La ciudadanía europea está en gran parte por conquistar y la ciudadanía "subestatal" es una ciudadanía de segundo orden que requerirá aún un proceso constituyente conflictivo con el Estado. Por lo cual no parece lógico ni deseable que los partidos estatales participen en tanto que tales en las elecciones locales y regionales. El lugar de los partidos estatales se sitúa en las elecciones estatales y europeas.