Condenado al cierre

La reapertura de una Sala de lo Social que dé fluidez a la conflictividad laboral de la industria alcoyana es una de las peticiones con las que el Palacio de Justicia de Alcoy ha llegado a su 20 aniversario. La "falta de interés político", según el anterior portavoz de los Graduados Sociales, Juan Antonio Garrigós, y la "poca conexión" entre Ayuntamiento y la Generalitat, que señala el decano del Colegio de Abogados de Alcoy, Hermelando Linares, ha desembocado en que la última reforma de la Ley de Demarcación y Planta Judicial de Alicante, aprobada por el Consejo de Ministros el 7 de mayo dejase fuera, por segunda vez consecutiva, la Sala de lo Social para Alcoy. El volumen de casos llevó en 1946 a la creación de la Magistratura de lo Social número 2 de Alicante con residencia en la ciudad y jurisdicción en los partidos judiciales de Alcoy, Cocentaina, Pego, Callosa d"Ensarrià y Dénia. El juzgado se sumaba a los tres de Primera Instancia e Instrucción y permitía la celebración de juicios laborales itinerantes hasta febrero de 1996 en que el cambio de destino de los magistrados designados acabó con esta actividad sin indicación alguna ni disposición legal que aclarase cuándo y porqué se suspendieron los juicios de lo Social. Así, la petición ha estado acompañada de una demanda del Colegio de Abogados de Alcoy para que se declaren nulas las resoluciones del Consejo Judicial de 20 de mayo de 1998 y se reconozca el derecho a la continuación de los desplazamientos de magistrados a Alcoy. El carácter industrial de la ciudad, su complejidad social, y el hecho de se celebraran hasta 1.500 vistas por año en asuntos de esta jurisdicción, es para Linares "razón más que suficiente para reabrir la sala". "Nos queda el compromiso del subsecretario de Justicia, Eloy Velasco, de que volverá a ser una realidad en el año 2000". Para ello, el Parlamento ha de crear la demarcación y la Generalitat dictar una ley dándole capitalidad. Después de los libramientos de presupuestos el Gobierno dictaría un real decreto de puesta en marcha. Son estas condiciones que precisan de "una volutad política". "No basta que entre Ibi y Alcoy se contabilicen entre 400 y 500 asuntos laborales al año con el consiguiente desplazamiento a los juzgados de Alicante y trastorno para los trabajadores", añadió Garrigós. La voluntad a la que se refería es la que movió el pasado febrero a que en la anterior aprobación de la Ley de Planta y Demarcación, que permitía la creación de plazas fuera de capitales, "el PP lograse que Elche colase una sección de la Audiencia Provincial". Ante la próxima reforma con nuevas demarcaciones sugirió una actuación "en la que los políticos colen la petición de Alcoy". La creación de una plaza de magistrado, que podría darse con la ampliación del partido judicial hacia Ontinyent, ha sido otra de las reivindicaciones. La imposibilidad de que los jueces puedan ascender a magistrados convierte al de Alcoy en un juzgado de paso con el retraso en la instrucción de casos como el de Ardystil, abierto ya siete años. No mucho mejor están las dependencias judiciales en cuya rehabilitación la Generalitat ha invertido en los últimos cuatro años 14 millones de pesetas, frente a los más de 2.000 repartidos en los 12 restantes de Alicante. La cifra queda lejos de los más de 40 millones destinados al juzgado de Benidorm o los 92 de Elche. Profesionales y ciudadanos que visitan las dependencias judiciales de Alcoy corroboran su "patético" estado de conservación y el hecho que su planta subterránea, sin luz natural, ni ventilación, no cumpla la altura exigible.