Salud ratifica su negativa a que se amplíe el cementerio de Torremolinos

El Ayuntamiento de Torremolinos ha sufrido un nuevo revés en su pretensión de ampliar el cementerio de San Miguel, ubicado en pleno centro del pueblo. La Viceconsejería de Salud ha ratificado el rechazo que ya hace seis meses puso de manifiesto la Dirección General de Salud Pública. Ahora, al ayuntamiento de la localidad malagueña sólo le queda la opción de presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).

Después de un año de batallar con la administración sanitaria, el equipo de gobierno municipal ha obtenido la misma respuesta que el primer día: la desaprobación del proyecto. La resolución de la viceconsejería fechada el 11 de mayo pasado, argumenta que las alegaciones formuladas por el ayuntamiento a la desestimación de la Dirección General de Salud Pública "no desvirtúan" la decisión que ya se había adoptado a finales de diciembre de 1998. La delegación de Málaga, la dirección general y la viceconsejería han basado sucesivamente su negativa en que la obra no respeta los 500 metros de distancia exigidos en el Reglamento de Policía Mortuoria entre las viviendas y un camposanto. La normativa contempla como única excepción que no existan otros terrenos alternativos en todo el término municipal. El consistorio había argumentado que el cementerio actual carecía de servicios básicos, lo que implicaba un incumplimiento del reglamento: "Supone un grave problema de salud pública que sólo puede remediarse ampliando las actuales instalaciones". El ayuntamiento también había esgrimido en su recurso que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) recogía el solar colindante, donde se pretende llevar a cabo la expansión, como equipamiento social y asistencial; y que los terrenos alternativos para la construcción de otra necrópolis no eran de propiedad municipal y estaban afectados por un litigio judicial. La resolución de la viceconsejería es rotunda: "Las previsiones existentes en el PGOU no vinculan a la administración sanitaria hasta el punto de que la misma deba permitir que se infrinjan las normas de policía sanitaria mortuoria mediante la aprobación de un proyecto de ampliación de un cementerio al no respetar el límite de distancia a las viviendas previsto". Además, Salud insiste en que las previsiones urbanísticas pueden cumplirse mediante "otro tipo de obras y utilidades sociales que no sean las de construcción de cementerios". La resolución hace referencia incluso a las alegaciones de una comunidad de vecinos próxima a la necrópolis que se opone a su ampliación, en las que se advirtió que también el solar colidante estaba afectado por "problemas judiciales". Hace más de dos años que estos propietarios tienen planteado un contencioso administrativo contra el proyecto, sin que hasta el momento se haya producido un pronunciamiento judicial. La única decisión adoptada ha sido la paralización cautelar de las obras a finales del año pasado, que el ayuntamiento desoyó, pero que finalmente tuvo que acatar después de que la sala del TSJA la ratificara después que los vecinos denunciaran su incumplimiento.