El fiscal solicita penas de hasta 57 años a los cinco acusados en un caso de pederastia

El fiscal solicita penas de hasta 57 años de prisión para cinco personas que serán juzgadas por la Audiencia de Barcelona por el caso de pederastia descubierto hace ahora dos años en el barrio del Raval. Según el escrito de acusación, cuyo contenido trascendió ayer, los cinco acusados cometieron diversos delitos continuados de abusos sexuales o de utilización de menores con fines exhibicionistas o pornográficos. El fiscal afirma que esas prácticas se realizaron entre 1992 y 1997 y las sufrieron siete niños y dos niñas.

De los cinco acusados en el caso, sólo dos continúan en prisión provisional. Se trata de Xavier Tamarit Tamarit y Jaime Lli Docasar. Precisamente contra ellos se dirige con más dureza la acusación del fiscal, quien exlica que actuaron guiados por un "propósito libidinoso y por atracción sexual hacia los menores, lo cual no merma sus facultades intelectivas y volitivas". En el caso de Tamarit, el ministerio público solicita penas que suman 57 años de cárcel, y le acusa de ocho delitos continuados de abusos sexuales y otro de utilización de menores con fines exhibicionistas. El escrito de acusación afirma que Tamarit "reclutaba" menores aprovechando su actividad de monitor y educador en el Casal dels Infants del Raval. La acusación relata que Tamarit, actuó "aprovechándose de los escasos recursos económicos de las familias" a las que pertenecían los niños, así como de "los frágiles valores" de éstos debido a su edad e "incipiente formación". El fiscal explica que fue así como consiguió "afrontar tan deleznables provocaciones y desvíos sexuales". Tamarit sufragaba las actividades recreativas y de ocio de los menores con el fin de ganárselos y proponerles posteriormente mantener relaciones sexuales. De esta forma, explica el fiscal, consiguió que el menor O. se tumbara en junio de 1996 en el sofá de su vivienda para realizar diversos tocamientos en las partes íntimas del menor y para que éste le pasase unas bolas por los genitales. Igualmente, el fiscal considera que entre 1994 y 1997 Tamarit mantuvo con Iván "repetidas e incalculables penetraciones buclaes" y que en alguna ocasión trató de penetrarlo analmente. A cambio le entregó entre 1.000 y 2.000 pesetas a la semana, e incluso 15.000. Estas relaciones se llevaban a cabo en el domicilio particular de Tamarit, en la calle de Castillejos de Barcelona, aunque en otras ocasiones se produjeron en la torre de los padres del acusado, situada en Corbera de Llobregat, o bien en el domicilio de la también acusada Josefa Guijarro Ramos. El fiscal acusa a ésta de consentir a Tamarit que realizara estas mismas prácticas con sus dos hijos y dos hijas, de edades comprendidas entre 4 y 13 años. Por ese motivo, el fiscal acusa a Guijarro de cuatro delitos continuados de abusos sexuales y otro de utilización de menores, y pide para ella penas que suman nueve años de prisión. El destino de las fotografías El escrito de acusación relata que al domicilio de la mujer acudían Tamarit y Jaime Lli para obligar a los hijos de Guijarro a adoptar las posturas obscenas que los adultos les indicaban, "aparentando estar realizando penetraciones anales y tocamientos", con el fin de "obtener fotografías cuyo destino no ha podido ser descubierto". Al conocerse el hecho, la policía aseguró que se trataba de una de las mayores redes de pornografía infantil de Europa y mostró millares de supuestas fotografías y cintas de vídeo. Para que los niños accediesen, a esas posturas, explica el fiscal, les amenazaban con pegarles o encerrarles, y esas prácticas duraron entre 1994 y 1997. En otras ocasiones se fotografiaban con Tamarit completamente desnudos o después de haber mantenido relaciones con alguno, como le ocurrió a Rubén D. Otras veces Tamarit obligó a Raúl G. para que le masturbara o le realizara felaciones amenazándole con pegarle una paliza a su madre o a su hermana pequeña. A cambio, el menor recibió también pequeñas cantidades de dinero y una motocicleta de segunda mano. El fiscal también acusa a Jaime Lli de los mismos delitos y pide para él penas que suman 25 años de prisión. En el escrito de acusación se asegura el menor O. fue cedido por sus padres a Lli a cambio de sumas de hasta 30.000 pesetas. Según la acusación, Antonio Durán y Nuria Martín "se beneficiaban económicamente de tal tráfico carnal entre el adulto y su hijo", e incluso le instaban a que pasara fines de semana en el domicilio de Lli. Ahora afrontan cada uno la petición de 10 años de cárcel y la suspensión de la patria potestad durante la condena si ésta se produce